La nueva ley de transportes pone en peligro la viabilidad de siete mil empresas gallegas

En 2008 había unas 9.000 empresas de transporte de mercancías por carretera en Galicia y hoy sobreviven poco más de 7.000. Los transportistas de la comunidad viven una preocupante situación que incluso temen que empeore con la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), a debate estos días en el Congreso con dos enmiendas a la totalidad del texto presentadas por la Izquierda Plural y el BNG que fueron rechazadas.

Tanto estas formaciones como los propios transportistas consideran que los cambios en la ley no resuelven los principales problemas del sector ni afrontan sus necesidades más apremiantes. Auguran que provocará la pérdida de empleos en autónomos y pequeñas y medianas empresas, perjudicados porque creen que la norma favorece a los grandes empresarios del gremio. Y creen que fomentará la competencia desleal con el aumento de la presencia de flota extranjera de camiones que dejarán al resto en una "alarmante situación de desprotección".

La actividad bajó un 40%, afirman las federaciones gallegas que forman el Comité Galego de Transporte, y los costes subieron entre un 55% y un 60%, lo que les ha llevado a perder unos 10.000 vehículos pesados (de más de 3,5 toneladas) en los últimos cinco años. Un número similar de conductores se han quedado sin trabajo.

Con los cambios en la LOTT, los transportistas prevén más "opacidad" y "distorsión en la competencia", apunta la asociación Fegatramer, con mayoría en el Comité. Las otras dos organizaciones, Fetram y Fegatrans, temen que el modelo de pequeña empresa deje de ser viable y siga perdiendo empleo. Aunque no tienen cálculos del número de trabajadores afectados ni de empresas que dejarán de operar, creen que se asentarán en el país flotas de otros países, que soportan unos costes laborales más bajos, o las de mayores dimensiones.

El sector se siente desprotegido y se queja de no pocos aspectos: falta de transparencia en la cadena de subcontratación, aumento de la morosidad y las deudas, intrusismo y empleo ilegal, irregularidades en las condiciones de carga y descarga de mercancías, prácticas de dumping (cobrar un precio inferior al coste real de la prestación del servicio), encarecimiento de los peajes en autopistas y una mayor accidentalidad por la concesión de autorizaciones para transporte en vehículos ligeros (hasta 3,5 toneladas) y la entrada de conductores no profesionales.

Además critica la elevada carga de impuestos -el IVA subió en 2012 del 18% al 21%- y la reducción de ayudas para quienes abandonan la actividad -reducida a 13,6 millones de euros frente a los 20 previstos-. Los transportistas gallegos denuncian que la nueva ley sacrifica la protección y regulación del sector para priorizar la liberalización y los intereses mercantilistas.

"Oel Gobierno desconoce lo que ocurre en el sector o muestra una total desidia. La falta de protección causa una desregulación que nos coloca en la más absoluta ruina", lamenta Fernando Teijeiro, presidente de Fetram, que pronostica que recuperar la actividad a niveles previos a la crisis "va a costar sangre, sudor y lágrimas".

"Exigimos unos mínimos mecanismos de protección hacia quien realiza el transporte de mercancías, que es el eslabón más débil de la cadena", proclama Alberto Vila, coordinador general de Fegatrans. "Es imprescindible que haya transparencia y que se introduzca la acción directa de responsabilidad de la empresa que realmente presta el servicio frente al cargador, los intermediarios o el destinatario para garantizar el cobro y los gastos del transporte y así evitar impagos", concreta José Carlos García Cumplido, secretario general de Fegatramer.

Fetram y Fegatrans, que aglutinan a pymes y autónomos, remitieron a los grupos políticos en el Congreso un documento con enmiendas contra la modificación de la LOTT. Fetram también envió al Ministerio de Fomento un texto en el que recoge una serie de disconformidades con actuaciones que perjudican al sector. Las federaciones centran sus demandas en la necesidad de garantizar los costes de explotación y sancionar el dumping. "Pedimos que se cubran las cargas laborales y sociales, carburante, mantenimiento, amortización del vehículo, dietas, peajes, documentación, tasas fiscales y un beneficio equilibrado para poder vivir y afrontar nuestras obligaciones", explica Teijeiro.

También protestan porque vehículos con matrícula y trabajadores de países como Rumanía o Bulgaria "operan en el país en condiciones precarias y con una tributación inferior a la de España, sin adaptarse a las exigencias del país en el que desempeñan sus trabajos, desobedeciendo la legislación internacional y causando competencia desleal". Por ello, exigen mecanismos para eliminar el falso cabotaje ya que, aseguran, conductores de Portugal se asientan más tiempo del permitido en España "incumpliendo así la normativa reiteradamente y sin control o controles muy laxos".