Los exdirectivos de Barreras, José Francisco González Viñas y Fernando Vilariño Barreiro, se han personado en la pieza de calificación del concurso del astillero en la que el fiscal les consideró culpables de la suspensión de pagos y solicita tres años de inhabilitación para administrar bienes ajenos.
El fiscal jefe de Vigo y responsable de Delitos Económicos, Juan Carlos Horro González, contradijo en su informe de calificación presentada ante el titular de juzgado de lo Mercantil número Tres de Vigo por dos de los tres administradores concursales que consideraban como "fortuita" la entrada en concurso del astillero.
Según fuentes próximas al proceso, González Viñas y Vilariño, expresidente y exconsejero del astillero, respectivamente, tienen diez días hábiles para presentar sus alegaciones a la pieza de calificación. En este sentido, los dos ex directivos del astillero podrán impugnar o acatar el informe del fiscal. En caso de impugnarlo, el juez tendría que señalar la celebración de una vista en la tendría que declarar, entre otros, los propios afectados, los actuales administradores de Barreras, la Naviera Fernández Tapias -único acreedor personado- y el administrador concursal Carlos Mantilla que se opuso a la calificación del concurso como "fortuito" como concluyeron los otros dos administradores concursales, Edorta Etxarradio y Pedro Tortosa.
En el caso que González Viñas y Vilariño acaten la calificación del fiscal, el juez tendrá que dictar sentencia en la que podría considerar fortuita la entrada en concurso del astillero o culpable, en cuyo caso podría imponer otras penas distintas a las que solicita el fiscal Horro González.
Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que Viñas y Vilariño acatarán la calificación del fiscal y no la impugnarán para evitar la celebración de un juicio que puede resultar excesivamente largo.
En su informe, el fiscal Juan Horro considera la existencia de responsabilidades por parte de Viñas y de Vilariño, pero exime de responsabilidades sobre la situación económica del astillero al resto de las personas que en el momento de la presentación del concurso formaban parte del consejo de administración. Entre ellas están el actual máximo responsable del astillero, José García Costas, y el consejero representante de la armadora vasca Albacora, Ignacio Sáez de Ibarra.
El fiscal considera que la contabilidad del astillero recogía de modo sistemático unos saldos deudores inexistentes y que califica de "seria irregularidad contable". Esta irregularidad, según el fiscal, presenta "la gravedad necesaria para afectar la compresión de la imagen fiel de la situación financiera y económica de la sociedad, como evidencia de que no solo su considerable importe sino la trascendencia de que su modificación posterior supone, tanta como para cambiar un estado de aparente solvencia en un estado económico con un déficit millonario".
En el informe de calificación, la administración concursal señalaba que tal irregularidad no era motivo suficiente para considerar concurrente esa causa, al considerar el carácter "intuitivo" o "hipotético" de esa irregularidad, ya que estimaba que no existe una prueba suficiente para acreditarla y menos cuantificarla. Ante ello, el fiscal prevé inevitable la celebración de una vista por la discrepancia con la calificación la de los administradores concursales.
El astillero vigués está pendiente en estos momentos de firmar los avales que le exige Pemex para iniciar la construcción de un buque flotel.
