La SEPI inicia gestiones para que Bruselas levante el veto a la construcción civil en Navantia

La lenta agonía que vive Navantia vivió ayer un nuevo episodio. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dueña de los astilleros ferrolanos, aseguró, por boca de su presidente, Ramón Aguirre, que va a diseñar "una unidad de acción política e institucional que sirva para eliminar de forma definitiva en Europa las limitaciones y restricciones existentes en el campo de la contratación y construcción civil". Dicho en otras palabras, va a iniciar gestiones con el Gobierno, la Xunta y los partidos para hacer un frente común con el objetivo de que la Unión Europea levante el veto a la construcción civil en Navantia y apruebe la puesta en marcha del dique flotante. Esta nueva iniciativa llega tras meses de propuestas y contrapuestas sobre la idoneidad de la construcción de esta infraestructura.

En una reunión en la Delegación del Gobierno en A Coruña, en la que estuvieron presentes los máximos responsables de la SEPI y Navantia, los alcaldes de la mancomunidad ferrolana -excepto el de Mugardos- y representantes del comité de empresa, los dirigentes de ambas empresas públicas reiteraron, según un comunicado de Navantia, "la inviabilidad económica y jurídica de esta infraestructura (el dique flotante) por el elevado apoyo público que supondría y su incompatibilidad con la normativa europea vigente sobre competencia".