El sindicato CIG ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, por presunta prevaricación y malversación de fondos contra varios cargos de la Xunta de Galicia en relación con el frustrado plan de reactivación de la conservera Alfageme y las actuaciones de éstos en la fase de liquidación de los bienes de la empresa. Los denunciados por esta central sindical son el director xeral del Igape, Javier Aguilera, el actual conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, su antecesor en el cargo y parlamentario Javier Guerra, la conselleira de Facenda Elena Muñoz, y la secretaria xeral técnica e do Patrimonio, Socorro Martín Hierro.

El sindicato nacionalista encuentra indicios de prevaricación por considerar que los cargos públicos demandados, "a sabiendas de su injusticia, dictaron una resolución arbitraria en un asunto administrativo". Además, apuntan a que el Ejecutivo autonómico sería responsable de la pérdida de casi 6 millones de euros durante el proceso de subasta de algunos bienes de la conservera. El problema, a juicio de la CIG, es que la Xunta en la subasta pública del 20 de diciembre solo compró unas naves vacías, sin tener en cuenta que hay otras fincas anexas a las mismas que no se subastaron. Además, la maquinaria que estaba dentro de las fábricas de Vilaxoán y Ribadumia se vendieron por separado, con lo que las plantas carecen de todo instrumental que permita restablecer la actividad de Alfageme.

El problema es que a pesar de que existía una escritura relacionada con el aval hipotecario que vinculaba la maquinaria y todos los bienes de las plantas de Vilaxoán y Ribadumia, la Xunta no hizo valer este derecho en el momento en que el que los liquidadores y el Juzgado de lo Mercantil de Vigo hicieron públicos los listados de bienes del concurso -según la demanda-, así como de la subasta del pasado 20 de diciembre. En cuanto a la marca Miau solo se vendió una parte y la principal está aún por subastar.

La denuncia se fundamenta en que los denunciados serían presuntamente responsables por la pérdida de 5.962.644,67 euros del dinero público, en base a que a pesar que en escritura pública el aval hipotecario se hizo extensivo a los bienes muebles de las fábricas de Vilaxoán y de Ribadumia, que suman este total, no hicieron valer este derecho. La denuncia añade que "siendo los denunciados conscientes de que su actuación había de producir una pérdida de las garantías de casi 6 millones de euros, decidieron en el último momento acudir a la subasta, con el fin de intentar esconder la pérdida de los bienes muebles que creían hipotecados y con el fin de que, una vez adjudicados los inmuebles, fuesen considerados como incluidos en la adjudicación y así solucionar la injustificable pérdida de 6 millones".