04 de febrero de 2013
04.02.2013

El "tax lease" holandés, sin investigar dos meses después de su denuncia en España

Competencia reconoce que aún no ha abierto una investigación formal sobre las ayudas de Holanda a sus astilleros e industrias auxiliares y que se limita a recopilar información

04.02.2013 | 08:28
Vista parcial de los astilleros de Armón Vigo, Construcciones Navales P. Freire y Cardama. // Jorge Santomé

Dos meses después de que astilleros gallegos y vascos se aliasen para denunciar las ayudas holandesas a su industria naval, las autoridades de la Competencia de la Comisión Europea (CE) aún no han abierto una investigación formal sobre el asunto, según confirmaron a FARO fuentes del departamento que dirige Joaquín Almunia. "Lo que se está haciendo ahora es recopilar información", indicaron las mismas fuentes, que añadieron que en función de esa "información" la Comisión decidirá si abrir o no una investigación del caso.

Los astilleros españoles presentaron la querella ante Bruselas a principios del pasado diciembre a través de un gabinete de expertos jurídicos, argumentando que las subvenciones del Gobierno holandés sus astilleros e industrias auxiliares les permitían una ventaja económica en el precio de los buques de entre el 33% y el 38% respecto a sus rivales europeos, lo que vulnera las normas de la competencia.

La querella española, presentada por la Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga) y el Foro Marítimo Vasco, llegó apenas unas semanas después de que Bruselas diese el visto bueno al nuevo sistema de bonificaciones fiscales que utilizará el naval (en vigor desde el pasado 2 de enero). El anterior régimen, el conocido como tax lease, había sido suspendido en junio de 2011 por la Comisión tras una denuncia presentada por Holanda y secundada por otros países como Alemania, Noruega o Francia. Con su demanda, los astilleros gallegos y vascos buscan una manera de defenderse en caso de que la patronal holandesa de los astilleros decida denunciar nuevamente el tax lease español, posibilidad que la Holland Shipbuilding Association ya deslizó al Gobierno el pasado otoño.

En su denuncia, el naval español argumenta que las ayudas holandesas a sus empresas navales desvirtúan las leyes comunitarias de la competencia, ya que toda la cadena de valor de la construcción de un buque puede recibir subvenciones, con lo que los precios finales de sus barcos son considerablemente más bajos que los de sus competidores europeos. En 2011, año en el que Bruselas suspendió el tax lease, los astilleros holandeses firmaron 29 contratos de buques por valor de 1.600 millones.

Transcurridos dos meses desde que se presentó la querella española, la Comisión aún no ha abierto una investigación formal y se limita, por ahora, a recopilar información. En el momento en que inicie esa investigación, si considera que hay indicios de que se trata de ayudas de estado ilegales, la apertura del expediente no significará la suspensión obligatoria de las ayudas, ya que le corresponde al Gobierno holandés paralizarlas o mantenerlas, a riesgo de que si Bruselas resuelve finalmente que son ilegales, tendrán que devolverse.

Al margen de esta batalla legal, los astilleros gallegos confían en que Bruselas resuelva antes de abril la investigación sobre el anterior tax lease. Fuentes del sector aseguran que el Gobierno mantiene una compleja discusión jurídica con Bruselas para evitar que exija la devolución de las ayudas concedidas hasta 2010, lo que condenaría a la mayoría de astilleros al cierre.

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