Justo hace un año que el Ministerio de Industria dejaba sin respiración al sector de las energías renovables con su decisión de suspender temporalmente las primas, una paralización en la práctica a más instalaciones, para atajar el déficit de tarifa y por las evidencias de que el consumo, lastrado por la crisis, aguanta sin que entren en funcionamiento más plantas productoras. La estrategia del departamento que dirige José Manuel Soria daba un paso más ayer con la aprobación en el Consejo de Ministros de un real decreto que borra definitivamente la remuneración a este tipo de fuentes, a todas las del régimen especial, con la obligación además de que una vez puesta en marcha la instalación escojan entre vender la electricidad en el mercado -la vía en la que hasta ahora sumaban un complemento por su contribución a la lucha contra el cambio climático- o acudir a la tarifa regulada. La reforma incluye un cambio en la medida con la que se actualizaban los costes del sistema, incluidas las primas, para reducir ahorrar, según el ministro, entre 600 y 800 millones. El sector entró en furia tras conocerse las medidas, bajo la amenaza de acudir a los tribunales, con acusaciones al Ejecutivo de "aniquilar" la industria, y paralizar definitivamente el concurso eólico en el caso concreto de Galicia.
Desde el Gobierno se amparan en que la eólica, hidráulica, el ciclo combinado y el resto de tecnologías amparadas por el régimen especial solían escoger cada año el sistema retributivo en función de lo que más les conviene en función de los precios en cada momento. Si están tirados en el mercado, conocido como pool, los promotores pueden tirar de la tarifa regulada, con un pago fijo. Como generalidad, el real decreto -que hoy se publicará previsiblemente en el BOE- marca que todas las instalaciones accedan a esa tarifa, salvo que sus dueños notifiquen lo contrario.
¿Qué ocurre con las revisiones en el abono a las actividades reguladas? Desde el transporte de la electricidad al propio régimen especial. La actualización seguía el Índice de Precios al Consumo (IPC), pero Industria empleará desde este momento la inflación subyacente. Es decir, sin la variación en los combustibles, alimentación, comunicaciones o transporte, muy ligados al incremento del IVA y que, asegura el Gobierno, "no tienen nada que ver con el sistema eléctrico". Lo que en supone que en lugar del 3,5% que tocaría usar -el IPC de octubre, la referencia siempre-, la revisión se hará con un 0,47% y acabará provocando una caída en las primas.
"La decisión del Gobierno quebranta la seguridad jurídica en España y rompe con el espíritu de la regulación anterior", arremete Íñigo Muniozguren, secretario general de la patronal eólica gallega, EGA, que ayer emitió un inusual comunicado, en línea con la dureza con la que los promotores de toda España salieron a calificar el inmediato real decreto. Los empresarios de la comunidad alertan de que el cambio de reglas sitúan "buena parte" de los parques implantados "por debajo de los ingresos necesarios para responder de los créditos bancarios con los que fueron promovidos", e instan a la Xunta a defender sus intereses.
Desde EGA recuerdan que el sector atraviesa una complicada situación ya por la rebaja temporal del 35% en las primas y la puesta en marcha del impuesto que grava el 7% de la electricidad vendida. El elevado coste de un parque obliga a las compañías a pedir préstamos que cubren alrededor del 80%. "Al añadirse el recorte adicional anunciado a los acordados recientemente, será prácticamente imposible que los promotores eólicos puedan atender al pago de su deuda, por lo que muchos parques pueden acabar en manos de las entidades financieras", sostiene la patronal.
Y por esa misma razón, por la falta de una "rentabilidad razonable", desde el sector dan por seguro que éste será "el golpe definitivo" al reparto de los 2.300 megavatios del concurso en la comunidad. La incerteza por la aplicación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, sumado a las inversiones derivadas de los planes industriales, el desconocimiento de cuándo funcionarán los recintos y el nuevo sistema retributivo "lo hacen inviable".
La patronal nacional del viento amenaza también con recurrir a los tribunales. "Estas medidas atentan claramente con el principio de rentabilidad razonable", aseguran. El 80% de los parques están acogidos a la fórmula de mercado más prima y los empresarios estiman que las dos medidas supondrán un impacto de 300 millones. "Estas medidas retroactivas son la gota que colma el vaso y pueden suponer el desmantelamiento definitivo de la industria eólica en España", asegura la AEE.
