29 de enero de 2013
29.01.2013
Solución para los afectados

Acuerdo PP-PSOE sobre los afectados por las preferentes

Pactan crear una comisión para decidir quién podrá recurrir al arbitraje para intentar recuperar su dinero

29.01.2013 | 15:28
Protesta por las preferentes en Santiago.

Los grupos parlamentarios del PP y el PSOE han llegado a un acuerdo para dar salida a miles de afectados por las preferentes, que incluirá la creación de una comisión de seguimiento para decidir el perfil de cliente que puede optar al arbitraje con el objetivo de recuperar el 10 % de su inversión.

La comisión estará liderada por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, a la que acompañarán responsables del Banco de España, Sanidad y Consumo, el Tesoro, las consejerías autonómicas que han participado en los arbitrajes y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

Según han informado hoy fuentes parlamentarias, el arbitraje está pensado especialmente para los afectados por las participaciones preferentes vendidas por las cajas integradas en Bankia, porque en CatalunyaBanc y Novagalicia, ya se ha recurrido a esta medida.

Sin embargo, "eventualmente" podría aplicarse un procedimiento similar para otras entidades que se prevé sean nacionalizadas o hayan recibido apoyo público, "si se identificasen problemas de comercialización" como los que hubo en aquellas entidades.

En cualquier caso, los bancos que han recibido ayudas europeas deberán canjear las participaciones preferentes por acciones (incluso aunque la entidad no cotice) antes de finales de marzo y aplicando una quita próxima al 40 %.

En el futuro y con el arbitraje podrían recuperar su inversión inicial como ha pasado con afectados de preferentes de CatalunyaBanc y Novagalicia que pudieran demostrar que hubo "mala praxis" en la comercialización de estos híbridos.

A pesar de que los afectados pueden recuperar la inversión inicial, hay que tener presente que se descuenta parte de los intereses que recibieron.

Así, por ejemplo, si alguien invirtió 1.000 euros en preferentes con las que recibía un interés del 6 % y entonces los depósitos rendían a un 2 % anual, se le descontará la diferencia, 4 puntos porcentuales por año al dinero inicialmente invertido.

A pesar de la ingente inyección de fondos europeos en Bankia, el Gobierno decidió que el arbitraje debía aplicarse también a los clientes de esta entidad, aunque estableció como principal requisito que puedan demostrar que la comercialización fue deficiente.

Con este objetivo se creará la comisión de seguimiento, que fijará los criterios objetivos y el perfil del inversor utilizados en el proceso de filtro de solicitudes.

Al mes de constituirse, la comisión deberá elaborar un informe sobre la situación de los afectados, que se elevará al Parlamento.

Adicionalmente, se encargará de que cada mes haya una estadística detallada sobre la evolución de los arbitrajes y de la tipología de los afectados por los mismos.

Por último, la comisión tendrá capacidad para hacer llegar propuestas al Gobierno que mejoren la transparencia y comercialización de los productos financieros y de protección de los pequeños ahorradores.

En este sentido, cabe recordar que para prevenir que se repitan situaciones similares, el Ejecutivo ya introdujo restricciones a la comercialización de las participaciones preferentes.

El portavoz de Economía del grupo popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, se mostró satisfecho por el acuerdo y recordó que el Gobierno "siempre ha procurado, desde el primer momento, dar solución al problema de las preferentes".

El trabajo ahora pendiente para la Comisión de Seguimiento es definir los criterios para establecer qué tipo de clientes pueden acogerse al arbitraje.

Para Pujalte, serían candidatos a este sistema los clientes que tradicionalmente han escogido productos conservadores, o que han tenido siempre depósitos a plazo, hasta que la entidad les vendió las preferentes, o aquellos que no tienen formación financiera.

Desde el grupo parlamentario socialista, el portavoz adjunto en la Comisión de Economía, Antonio Hurtado, ha valorado este acuerdo porque permitirá solo en el caso de Bankia dar salida a unas 30.000 familias que, según calcula, fueron víctimas de una comercialización fraudulenta de preferentes.

"Será un sistema rápido y económico que, creemos, servirá para que un alto porcentaje de preferentistas puedan resolver sus problemas", ha indicado.

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