Esta semana llega al Parlamento Europeo un asunto que mantiene en vilo a los palangreros de superficie gallegos, unos 180 barcos de Vigo o A Guarda que representan una aplastante mayoría en este segmento de la flota comunitaria. Y es que el próximo miércoles el pleno de la Eurocámara deberá decidir si, como propone la Comisión Europea, se prohíbe el cercenamiento de aletas de tiburón a bordo de los buques pesqueros por lo que los escualos deberán ser desembarcados con sus aletas adheridas al cuerpo.

La iniciativa de Bruselas y de la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, persigue acabar con la práctica denominada finning o aleteo, que consiste en cortar las aletas a los tiburones capturados y arrojar el resto del animal al mar., habida cuenta del alto precio que las aletas encuentran el los mercados asiáticos. Es una práctica que la flota gallega y comunitaria asegura no realizar con las dos especies de tiburones que captura -tintorera o quenlla y marrajo dientuso-, entre otras cuestiones, según señalan, porque el sector tiene en la venta de los cuerpos, incluso de las vísceras, una importante fuente de ingresos. por lo que aprovechan todo lo posible de los ejemplares capturados. Hasta ahora, los buques comunitarios contaban con un permiso especial que para el corte de las aletas a bordo, donde se estiban congelados junto a los cuerpos, pero la propuesta de Bruselas trata de eliminar esta licencia para evitar resquicios por donde se pueda colar el finning.

El asunto fue abordado ya en septiembre por la Comisión de Pesca de la Eurocámara, donde una rocambolesca votación permitió a los palangreros, según su interpretación -desmentida por los ecologistas-, mantener su permiso de cercenamiento a bordo.

Ante el resultado de aquella votación, con aspectos contradictorios, el polémico asunto va a ser tratado en una reunión plenaria de la Eurocámara y ahora, según estima el sector, las cosas no pintan nada bien para sus intereses. Y ello porque incluso hay disparidad de criterios en el seno del Partido Popular Europeo y porque algunos países que hasta ahora apoyaban el planteamiento de la flota habrían cambiado de parecer. "Las cosas están difíciles pero mientras no termina el partido, hay que jugarlo e intentar ganarlo". Con esta cita futbolística resumía ayer el sentir del sector, Juan Antonio Pintos, gerente de la Organización de Palangreros Guardeses, Orpagu.

"Si sale adelante la propuesta no se conseguirá acabar con el finning que practican otras flotas que comparten mercado con nosotros y, en cambio, a nosotros, que no realizamos finning, se nos incrementarán enormemente los gastos, además de la inseguridad en las bodegas al tiempo que se producirá merma de trazabilidad del producto, al tener que romper la cadena de frío para cortar las aletas en tierra", señalaba ayer Pintos.

"Lo único que se va a conseguir es hacer ricos a aquellos que pueden cercenar las aletas y eso es un agravio comparativo con nuestra flota, que lucha por certificar su pesquería legal y sostenible", señala el represen tante de los plangreros gallegos, en sintonía con la postura de la patronal pesquera española Cepesca, ya desplazada a Bruselas para trasladar tales argumentos e intentar sumar los últimos apoyos antes de la decisiva votación del miércoles.