El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado hoy que la subida de tipos de IVA y el cambio de algunos productos de base imponible reducida a general se producirá el 1 de septiembre para así dar un tiempo suficiente y no distorsionar la actividad económica.

De este modo se retrasa la entrada en vigor de esta medida respecto a algunas de las fechas que se habían manejado, que iban desde el próximo lunes a agosto.

El ministro ha recordado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el tipo general pasará del 18 al 21 % y el reducido del 8 al 10 %, en tanto que el superreducido, que grava con un 4 % productos como los alimentos básicos, no se tocará para "no causar un especial perjuicio en el ámbito social".

En cuanto a los productos que seguirán en la clasificación de reducidos, ha citado transporte, hostelería y turismo y cesta de la compra, incluidas bebidas refrescantes, así como revistas y periódicos.

Pero pasan al tipo general (21 %) actividades como cadenas de peluquería y estética, discotecas, servicios funerarios y espectáculos.

Aunque Montoro no lo ha especificado, también gafas y lentillas pasarían al general.

El ministro ha explicado que la fecha del 1 septiembre es "técnicamente la más operativa" y que no querían "retrasarlo más" una vez tomada la decisión, pero al mismo tiempo prefieren "dejar un margen de unas semanas para que sea operativa y que no haya problemas ni distorsión en la actividad económica".

Ha recordado además que prácticamente todas las subidas del IVA que se han producido se han avisado con meses de antelación, por lo que ha desvinculado el retraso del intento de no perjudicar la actividad turística, ya que de hecho ésta se seguirá desarrollado en septiembre, ha recordado.

Montoro ha afirmado que subirán el IVA "porque es obligado hacerlo" por las circunstancias, las recomendaciones y por la "prioridad absoluta de reducción del déficit", aunque ha dejado claro que en cuanto sea posible "se compensará" este sacrificio, como ya se empezará a hacer el año próximo con la bajada de cotizaciones sociales.

"No hay más remedio", ha dicho Montoro, admitiendo que el proyecto político del PP era bajar impuestos: "Y los estamos subiendo".

Montoro ha asegurado que la subida está en línea con el programa sobre tributos del Gobierno y con las recomendaciones de Bruselas, que prevén "apoyar más la imposición indirecta" y bajar los gravámenes sobre el empleo.

En este sentido ha resaltado que se reducirán las cotizaciones sociales que pagan los empleadores por contratar un punto en 2013 y otro punto adicional en 2014.

También se ha confirmado -como ya hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- una subida de la tributación del tabaco y algunos cambios en el impuesto de sociedades en el régimen de pago fraccionado para que especialmente las grandes empresas hagan su ingreso adelantado a Hacienda y así contribuyan a cumplir el objetivo de déficit.

Se reducen las cotizaciones sociales y la deducción fiscal por nueva vivienda

Además ha recordado que el 1 de enero de 2013 se suprimirá la deducción fiscal por adquisición de vivienda, al igual que el tipo superreducido del 4 % para la compra de nueva vivienda, que pasará al reducido, del 10 %.

Dijo que el 1 de enero de 2013 se suprimirá la deducción fiscal por adquisición de vivienda, al igual que el tipo superreducido del 4 % de IVA para la compra de nueva vivienda, que pasará al 10 %. El Gobierno aplicará a partir del 1 de enero de 2013 un IVA del 10 % (tipo reducido) a la compra de vivienda nueva, frente al 4 % actual (tipo superreducido).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha recordado que la aplicación del IVA superreducido (del 4 %) para la compra de vivienda tenía una "fecha de caducidad", que ha fijado hoy el Gobierno a partir de 2013.

Montoro ha indicado, además, que también desde el 1 de enero de 2013 "quedará suprimida la deducción por adquisición de vivienda en España", en línea con las recomendaciones emitidas por la UE.

El Gobierno también ha reducido la ayuda al alquiler, la denominada Renta Básica de Emancipación, en un 30%, de forma que pasa desde los 210 euros mensuales actuales hasta los 147 euros al mes.

Esta medida afecta a jovenes inquilinos que ya sean beneficiarios de esta ayuda. El Gobierno acordó en diciembre de 2011 eliminar esta renta, no concediéndola a nuevos beneficiarios, pero manteniéndola para quienes ya tenían el derecho a percibirla.

También confirmó una subida de la tributación del tabaco y de algunos cambios en el impuesto de sociedades.

Medidas de consolidación fiscal

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado también una serie de medidas de consolidación fiscal que van a suponer, ha dicho, "sacrificios importantes" para los ciudadanos en uno de los momentos "más traumáticos, dramáticos y difíciles de nuestra historia reciente".

La vicepresidenta ha apuntado algunas de las medidas que vienen precedidas de un anuncio de ajuste de 65.000 millones de euros.

Para Sáenz de Santamaría, son medidas "que no son sencillas, fáciles ni populares", ya que "les estamos pidiendo a muchísimos españoles que están en una situación ya complicada sacrificios importantes para sacar adelante país".

Por ello, ha adelantado un esfuerzo de consolidación fiscal por la vía del gasto y el ingreso", porque "no hay más remedio para tapar el agujero de las cuentas públicas", ya que los intereses de la deuda se detraen de partidas como la educación y la sanidad a un nivel de intereses que "no podemos mantener durante mucho tiempo", ha admitido.

El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de reformas que incluye 20 nuevas leyes que se pondrán en marcha en el segundo semestre, tal y como ha anunciado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El objetivo de estas reformas, algunas de las cuales se aprobarán este mismo mes, es mejorar la Administración, ganar competitividad y mejorar la situación de la economía española para poder crecer en el futuro.

Las reformas incluyen una veintena de leyes en los ámbitos de las administraciones públicas, tributario, de empleo y Seguridad Social, de liberalización de la economía, de la unidad de mercado, energético, de competitividad y de educación.

En concreto, Sáenz de Santamaría detalló que, en cuanto a las administraciones, se aprobará una ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y una ley de transparencia. En septiembre se promoverá una ley de acción exterior para potenciar España en otros países.

En materia tributaria, el Gobierno prevé sacar adelante una ley de mutuas y, en el marco del Pacto de Toledo, una ley para garantizar el factor de sostenibilidad de las pensiones, como avanzó el miércoles en el Congreso el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

En cuanto a la liberalización de la economía, este mismo viernes el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva regulación de horarios comerciales. Además, se liberalizará este mismo mes de junio el transporte ferroviario y aeroportuario, el alquiler de vivienda y el transporte terrestre, así como los servicios profesionales, en este último caso, en septiembre.

Por lo que respecta la unidad de mercado, las reformas contemplan una ley de unidad de mercado para septiembre, una ley para unificar los organismos supervisores en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la ley de costas (aprobada este viernes en anteproyecto) y una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

Además, para impulsar la competitividad, se impulsará una reforma energética con el fin de atajar el problema de déficit tarifario, y en el próximo período de sesiones llegarán al Parlamento una reforma de la educación y de la Formación Profesional.

Además, Montoro anunció que la subida de los nuevos tramos del IVA entrará en vigor el 1 de septiembre y no se subirá el tipo superreducido de 4%.

La reforma reducirá las estructuras burocráticas y políticas de España

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha considerado hoy que la reforma competencial que emprende el Gobierno con la aprobación del proyecto ley que modifica la ley de Bases de Régimen Local está "encaminada a simplificar y reducir las estructuras burocráticas y políticas de España".

En rueda de prensa, Montoro ha confirmado que el proyecto de Ley reducirá en un 30 por ciento el número de concejales, tal y como había anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso, y ello redundará, a su juicio, en favor "de la toma de decisiones políticas".

Montoro ha defendido que el proyecto recoja la supresión de las mancomunidades -"porque no contribuían a una eficaz gestión- y de entidades locales de orden menor, como las pedanías.

Sobre estas últimas ha dicho que forman parte de "una administración local opaca, que no rinde cuentas" y, por ello, ha dicho "hay que simplificar y calibrar las actividades que están realizando".

Montoro ha querido explicar que el proyecto de ley pretende, en definitiva, que las corporaciones locales "acometan las funciones para las que tienen presupuesto y dotación presupuestaria" y, por contra, no hagan aquello "que exceda la definición competencial de la nueva ley".

También ha apuntado que "la baremación de los servicios públicos queda en manos de Hacienda" y se vigilará concretamente a los municipios con menos de 20.000 públicos, que si no cumplen la calidad de los servicios, estos quedarán en manos de las diputaciones.

De esta forma las diputaciones se convertirán en "gestoras centralizadora" de servicios públicos de orden menor.

Ha añadido que la delimitación de competencias tendrá consecuencias en las comunidades autónomas y en la propia Administración General del Estado.

Finalmente, ha informado de que el proyecto de ley de reforma local recupera la figura del interventor y la del secretario municipal, lo que supone "una vuelta a lo que ya tuvimos en España y nunca debimos perder".