Gustavo Lago ocultó casi 7 millones en pérdidas de Alfageme tras hacerse con la empresa

La sentencia es firme. Gustavo Lago es culpable del concurso de acreedores de la histórica conservera Bernardo Alfageme SA, con graves daños para el resto de acreedores, y no podrá administrar ninguna sociedad en un plazo mínimo de cinco años. La sanción, de 11,8 millones de euros, tiene la misma cuantía que el dinero que la promotora Promalar retiró de un préstamo de 35 millones que, supuestamente, iban dirigidos al circulante de Alfageme y a la puesta en marcha de un plan industrial. El documento del juez José María Blanco Saralegui, al que ha tenido acceso FARO, es muy rotundo. Alfageme €sus gestores€ ocultaron datos relativos a la compañía y no revelaron pérdidas por más de 6,8 millones de euros en 2008.

Los fundamentos en los que el juez se ha basado para imponer la sentencia €y las costas€ a Gustavo Lago son ocho. En primer lugar establece que Alfageme no legalizó sus cuentas ni en 2006 ni en 2007, y que las del año 2008 las presentó fuera de plazo. "Si se hubieran tenido en cuenta todas estas circunstancias, las pérdidas por importe de 11.133.000 euros reflejadas en las cuentas anuales de la compañía se hubieran incrementado en 6.907.000 euros, por lo que dichas cuentas en absoluto reflejarían la imagen fiel de la compañía", dice textualmente la sentencia del juzgado de lo mercantil.

Para el magistrado ha quedado probada la existencia de "graves" irregularidades a la hora de formular las cuentas, que en su momento fueron auditadas €con notables objeciones€ por parte de KPMG. Uno de los problemas que ha apreciado el juez Blanco Saralegui es que, de acuerdo con la administración concursal, la solicitud de suspensión de pagos se formuló tarde ya que "la situación de insolvencia era previa a los dos meses anteriores a la solicitud de concurso €25 de marzo de 2010€ sino que la solicitud tardía ha terminado por agravar el pasivo de forma concluyente". Para el juez "la presentación del concurso sí tuvo un componente al menos de grave imprudencia, y causalmente conectado con la agravación de la insolvencia".

El magistrado hace hincapié en los problemas que esta gestión acarreó en los empleados. "Descartado el Expediente de Regulación de Empleo", continúa la sentencia, "el empresario tenía la obligación legal de proporcionar carga de trabajo a todos sus trabajadores". Sin embargo no realizó "inversión alguna en la planta de Vigo", de ahí que ésta sufriera a principios de 2010 una clausura parcial y provisional, determinando que los trabajadores de dicha planta en su totalidad- más de 100 empleados- "fueran interponiendo demandas de extinción de sus contratos de trabajo por falta de ocupación efectiva que fueron estimadas prácticamente en su integridad". Y, para el juez, "la actuación gravemente culposa tuvo como consecuencia, en suma, un incremento importante del pasivo laboral de la entidad, agravando la situación de insolvencia".