El Gobierno argentino rechazó hoy la valoración de YPF realizada por el grupo español Repsol, y adelantó su intención de "revisar" el valor de la petrolera mientras avanza con su mayoría parlamentaria en la tramitación de la expropiación de la compañía.
Los interventores de YPF, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, protagonizaron hoy un tenso debate con dirigentes de la oposición críticos con la política energética del Gobierno durante su comparecencia en el Senado para debatir el contenido del proyecto de expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF.
Kicillof, a quien fuentes empresariales atribuyen un especial protagonismo en el diseño de la expropiación, acaparó la atención de la jornada al anunciar una "revisión" del valor de la petrolera y rechazar los 10.000 millones de dólares que reclamó hoy el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en compensación por las acciones que le serán expropiadas al grupo.
"El señor Brufau dice que vale 10.000 millones de dólares, vamos a ver cuánto vale", afirmó el viceministro, quien denunció la existencia de "información secreta" y una gestión "imprudente" de los hasta el lunes directivos de YPF.
Además, el ministro De Vido advirtió de que YPF "tendrá que pagar" por supuestos daños ambientales en el país al afirmar que "el medio ambiente no se rifa y tiene precio".
El "costo de la empresa" habrá que "conversarlo" porque "los gobernadores también tienen muchos reclamos para hacer" sobre su funcionamiento, manifestó el ministro argentino.
"Había mucha información (en YPF) que no estaba disponible para las autoridades", afirmó Kicillof, pese a que el Estado argentino contaba con un representante en el directorio de la empresa, Roberto Baratta.
"Brufau dijo que el año pasado hubo niveles récord de inversión (...), pero hay una deuda cercana a los 9.000 millones de dólares", según el viceministro y ahora interventor de YPF, la mayor empresa del país.
Según Kicillof, Repsol "ha buscado maximizar su beneficio" y ha "chocado" con "el modelo de crecimiento argentino con inclusión social".
Repsol, sostuvo, "ha tenido beneficios extraordinariamente grandes" en los últimos años y "nadie puede decir que les estamos sacando algo que era suyo".
"No podíamos darnos el lujo de sentarnos a esperar a discutir con el grupo trasnacional qué va a hacer con los recursos de Argentina", insistió el alto cargo, que acusó a Brufau de "soberbia" y de tratar de "quebrar la muñeca" a Argentina para "sacar más precio" por el petróleo.
El viceministro, que en su intervención cargó también contra organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, terminó por aconsejar a España que aumente el papel del Estado para salir de la crisis económica.
"Le pido a España que recupere la dignidad en este sentido, que mire lo que le están recomendando la derecha y los guitarristas del libre mercado", insistió.
El momento más álgido del debate, que duró casi siete horas, tuvo como protagonistas a De Vido y al senador radical Luis Naidenoff, que gritó al ministro "caradura" y "mentiroso" tras acusarle de ser "corresponsable" de la crisis energética que afecta al país.
El Gobierno de Cristina Fernández se propone aprobar el dictamen parlamentario para debatir la iniciativa en el Senado el próximo 25 de abril, para pasar al debate en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley gubernamental declara de interés "público nacional" el sector de los hidrocarburos, y añade que la valoración de YPF dependerá del estatal Tribunal de Tasación, pero no explica de dónde saldrán los fondos para el pago de las acciones que se expropiarán.
El presidente de Repsol cifró hoy en una rueda de prensa en Madrid en 10.500 millones de dólares la participación del 57,4 % en su filial argentina, a la que otorgó un valor total de 18.300 millones de dólares, en virtud de la Ley de Privatización y Estatutos de YPF.
"Imagino que el Gobierno (argentino) intentará no cumplir con lo que tiene que hacer", afirmó Brufau, quien anunció que recurrirá al arbitraje internacional por la expropiación aunque admitió que puede llevar hasta dos años.
