El Gobierno en funciones aprobó ayer indultar al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, que había sido condenado a tres meses de arresto mayor y a un período igual de inhabilitación profesional, por un delito de denuncia falsa cometido hace 17 años, cuanto ocupaba la presidencia de Banesto. El hoy "número dos" de Emilio Botín en el primer banco español había solicitado el indulto para evitar que la referida condena pudiera apartarle de su labor ejecutiva en Santander, debido a los requisitos de honorabilidad que en España se exigen para el desempeño de las labores financieras directivas.
En el primer Consejo de Ministros tras las elecciones generales del 20 de noviembre, el Gobierno de Zapatero aprobó un indulto parcial para los tres implicados en un caso que data de 1994: el citado Alfredo Sáenz, el abogado Rafael Jiménez de Parga y el ex directivo de Banesto Miguel Ángel Calama. Los tres fueron condenados a raíz de una denuncia formulada por cuatro empresarios (Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre), a quienes previamente la dirección de Banesto había acusado de estafa y alzamiento de bienes por el impago de un crédito de 3,6 millones de euros. El juez Pasual Estevill, luego condenado por prevaricación y detención ilegal, tramitó la querella y ordenó prisión preventiva para los industriales. Finalmente, el caso fue archivada y los empresarios se querellaron contra Sáenz, Jiménez de Parga y Coloma.
Los tres fueron condenados. Primero a seis meses de prisión e inhabilitación y, tras un recurso ante el Tribunal Supremo, a tres meses de arresto mayor y suspensión del ejercicio profesional. El Gobierno ha decidido ahora un indulto parcial que implica sustituir las penas de arresto e inhabilitación por una multa que, según informó Europa Press, será de 3.000 euros.
La condena contra Sáenz representa una amenaza para su puesto ejecutivo. La legislación española determina que los directivos de banca deben reunir requisitos de honorabilidad que se incumplen cuando alguien es inhabilitado en un proceso penal. El indulto parcial de ayer evita tal inhabilitación, pero no que se registren los antecedentes penales. La misma norma (real decreto 1245/1995) determina: "Se entenderá que carecen de tal honorabilidad quienes (...) tengan antecedentes penales por delitos dolosos". El consejero delegado del Santander mantiene vivo un pleito ante el Tribunal Constitucional con el que intenta limpiar del todo su expediente.
El indulto fue decidido ayer con el respaldo del Ministerio Fiscal, pero no del Tribunal Supremo, cuyo informe estima que no hay razones "de equidad o justicia" que fundamenten una decisión como la tomada por el Gobierno.
El portavoz del Gobierno en funciones y ministro de Fomento, José Blanco, se limitó a admitir que "se había tratado" el asunto, sin dar detalles sobre los argumentos empleados por el Gobierno para conceder el indulto. Tampoco explicó por qué se tomó esta decisión ahora ni desveló si el PP estaba al tanto, aunque sí conocía el orden del día del Consejo. El partido de Mariano Rajoy se desmarcó al señalar que su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, había solicitado una lista de indultos al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y obtuvo como respuesta que no había un listado previo.
IU y UPyD exigieron explicaciones al Gobierno en funciones por el indulto. Y dentro del PSOE, el líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, dijo sentirse "perplejo". El Santander y la Asociación Española de Banca (AEB) consideran "un acierto" la decisión del Ejecutivo. "Sáenz es la persona que más ha contribuido a la estabilidad y progreso del sistema financiero en 25 años", afirmó la patronal bancaria.
Los ususarios de banca, en contra
Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas (Adicae), Manuel Pardos, criticó ayer que el Gobierno indulte al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, pero no a los "cientos de miles" de hipotecados que están a punto de ser expulsados de sus casas.
Pardos aseguró que el indulto de Sáenz implica "liberar" a los banqueros de sus responsabilidades y añadió que este colectivo disfruta de una situación cercana a la impunidad.
