Cuatro años después del inicio de la crisis económica, las administraciones públicas han empezado, con distintos ritmos, a aplicar los recortes que una mayoría de empresas comenzaron a poner en práctica ya en 2008, cuando la intoxicación por las hipotecas basura llevaba un año contaminando el sistema, sobre todo el financiero, que da vida a todo lo demás. La crisis de la deuda, que estalló con toda su crudeza en la primavera de 2010, obligó al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a llevar a cabo un severísimo recorte del gasto público –bajada de sueldo a los funcionarios, congelación de las pensiones– para contener el déficit.
Los mercados donde España se financiaba hasta entonces dijeron basta, y el Ejecutivo tuvo que frenar en seco la política keynesiana de inversión pública con que había pretendido hacer frente a la crisis hasta aquel momento. Las elecciones autonómicas de mayo de 2011 y el temor a un castigo inmisericorde de los ciudadanos provocó que ninguna autonomía, ni siquiera las más endeudadas, tomaran medidas de alcance para reducir de una vez sus déficits y sus deudas.
Luego del triunfo del PP en casi toda España en las elecciones autonómicas y ante la perspectiva de que este partido conseguirá el Gobierno de España tras las elecciones del 20 de noviembre, la mayoría de autonomías gobernadas por el PP, para no perjudicar a Mariano Rajoy, están tomando medidas de contención que más bien parecen parches para evitar la sangría. Cataluña, con un Gobierno más asentado y de signo político contrario al anterior, está siendo –si exceptuamos ese banco de pruebas en que parece estar convirtiendo a Castilla-La Mancha la presidenta de esa autonomía y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal– la mejor imagen, al entender de muchos, de lo que le espera a este país cuando tome posesión el nuevo Ejecutivo. Sea del PP o del PSOE –o de coalición con nacionalistas–, hay coincidencia en que 2012, como mínimo, será un año de gran sufrimiento, para la ciudadanía y el sector público, incluidas las sacrosantas sanidad y educación, que ya están viendo las orejas al lobo. Otra cosa es dónde ponga el acento –y los límites del recorte– cada partido.
Con la celebración de las elecciones, ya nadie tendrá excusas para no actuar. Y los augurios son tremendos. El banco suizo UBS, en un reciente informe sobre la economía española en la era de la austeridad, asegura que la caída de las dos principales partidas del gasto público (salarios y gastos corrientes) es "insuficiente para reducir el déficit público a la velocidad requerida" y apunta que, al margen de la "prevista reducción del número de funcionarios, es probable que los salarios medios crezcan menos que la inflación durante unos años". Además, incide en la necesidad de más recortes en el gasto corriente, con "120.000 millones aún plagados de partidas superfluas y prescindibles" entre las que cita las subvenciones o las prestaciones en especie.
UBS cree que, para alcanzar el objetivo de déficit de 2012 y dada la reducción de ingresos prevista, las autonomías "deberán haber reducido los gastos ordinarios reales respecto a 2010 en 9.200 millones de euros (-6%)", una decisión "que afectará a multitud de partidas presupuestarias. El estudio dice que los ingresos autonómicos "están muy por debajo de lo presupuestado", y que el Gobierno central limita la capacidad de endeudamiento de estas administraciones al tiempo que los mercados exigen tipos de interés muy altos. La "reacción primera para gestionar la falta de liquidez está siendo una devastadora postergación masiva de los pagos a los proveedores, con unas dramáticas consecuencias para la actividad económica y el empleo". UBS añade que, "además de la paralización de las obras públicas, la reducción del gasto salarial está superando lo presupuestado: intensa destrucción de empleo interino y del personal laboral". Los pronósticos para el sector público son muy desalentadores. Los salarios de los más de 3,2 millones de empleos –las autonomías han acumulado más de un millón desde 1995– consumen el 34% de los ingresos tributarios y el 48% de todo el gasto, excluidas las prestaciones sociales.
UBS considera que "el empleo público debería reducirse cerca del 6% hasta 2013, unos 200.000 asalariados menos" para que a mitad de década vuelva al tamaño de 2006, es decir unos 2,9 millones. Al margen de lo que pueda suceder con derechos básicos como la sanidad y la educación, la destrucción de empleo público supondrá un nuevo jarro de agua fría para las pretensiones de cualquier Gobierno de poner freno al paro, tal como se puso de manifiesto en septiembre, donde el desempleo aumentó entre otros motivos por los recortes de empleo público.
