La guerra por el pasivo es algo que desde primeros de este año se ha dado entre las diferentes entidades por la captación de recursos procedentes de la competencia.

Y es que los ahorros de los clientes no llegan para todas las entidades que deben de hacer frente a sus devoluciones de deuda y necesitan por eso cada vez mayores cantidades de dinero para poder cumplir con sus obligaciones. De ahí que veamos múltiples ofertas en el mercado a tipos de interés muy por encima del precio del dinero, con lo cual, lo único que se fomenta es la guerra del pasivo.

Pero el pasado 4 de julio el Banco de España, siguiendo directrices del Ministerio de Economía ha sacado un decreto en el que se limita el tipo de interés que las entidades pueden ofrecer en sus depósitos principalmente, para la captación de dinero de la competencia.

Necesario desde el punto de vista global del sistema financiero parece que sí lo era, ya que lo que no se podía permitir es encontrar que alguna entidad remunerase el ahorro de los nuevos clientes hasta 4 puntos porcentuales por encima del precio del dinero, algo que estaba claramente convirtiendo a nuestro sistema financiero en una bomba de relojería.

Pero si lo vemos como una intervención en la libertad de funcionamiento de un sistema de libre mercado, la cosa posee otro punto de vista.

Una de las principales causas que alguna entidad alegaba para poder sacar esta normativa era que muchas de las entidades que habían recibido dinero público (o sea del FROB), estaban empleándolo en lanzar productos rompedores que obligaban a la competencia a ofertar cada vez tipos mayores para poder competir, cosa que no podrían realizar si no hubiesen recibido esa ayuda. Es decir, utilizaban el dinero público para realizar competencia desleal.

De toda esta guerra por el pasivo el gran beneficiado era el pequeño ahorrador que veía como se le pagaba por sus ahorros cada vez más, mientras que los grandes perjudicados eran las entidades financieras que se forzaban en pagar más por lo mismo.

Ahora bien, el haber sacado esta nueva normativa se ve claramente como una injerencia estatal en el funcionamiento de la economía. De estas medidas, los grandes beneficiados han sido las entidades financieras mientras que los perjudicados han sido los clientes que reciben menos ahora por sus ahorros.

Y esto es algo que no llegamos a comprender bien, ya que uno de los objetivos del Banco de España, o sea, ´el regulador´, es velar por los intereses de los clientes particulares y no de las entidades financieras.