El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino iniciará "próximamente y de acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional" el expediente de caducidad de la concesión de factoría de Ence en Lourizán. El escueto anuncio se produjo apenas 24 horas después de que se conociese la resolución judicial de la Sala de lo Contencioso Administrativo que obliga a la administración a paralizar las actividades del complejo fabril, situado en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

Por su parte, Ence advierte que el proceso que prevé la administración al incoar el expediente será largo y podría durar "varios años", un extremo con el que no están de acuerdo los juristas de la asociación ecologista que ganó el proceso. De hecho, las previsiones más optimistas apuntadas ayer a FARO señalaban al bienio "2014-2015 para que podamos lograr una resolución definitiva".

La decisión de la Audiencia Nacional supone que el Estado tendrá que adoptar todas las medidas legales para paralizar la fábrica y suspender el uso de las instalaciones que ocupa Ence desde los años cincuenta en la embocadura de la ría de Pontevedra.

Medio Ambiente confirmó también que no recurrirá la setencia: "Vamos a dar instrucciones a la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional en el sentido de que no interponga recurso de casación", fue la respuesta a FARO de los portavoces del ministerio a propósito de los pasos que dará en adelante la administración.

Ésta no parece dispuesta a más demoras después que la Audiencia Nacional respondiese con la sentencia a la demanda del colectivo ecologista Salvemos Pontevedra, asociación que defiende desde un principio que la autorización que utiliza la empresa para trabajar en los terrenos de dominio público se extinguió con los cambios de titularidad de la compañía.

Según la resolución judicial, la petición de los ecologistas "debe entenderse estimada por silencio positivo", dado que Medio Ambiente no había contestado a las reclamaciones.

Salvemos Pontevedra considera la resolución un "tirón de orejas" a la administración, después de que previamente hubiese intentado que el Servicio Provincial de Costas incoase ese expediente de caducidad de los terrenos.

Asimismo, la asociación denuncia públicamente que "es la tercera sentencia en la que se obliga a iniciar ese expediente".

En opinión de los ecologistas, hubiese sido "esperpéntico" que el Ministerio de Medio Ambiente recurriese la sentencia, una decisión hecha pública ayer y que quedó finalmente en manos de la ministra Rosa Aguilar.

Al contrario que el Ministerio de Medio Ambiente, la empresa si continuará la batalla legal (sus asesores jurídicos reiteran que la setencia es susceptible de un recurso de casación ante el Supremo) y lo hará en el plazo máximo establecido de diez días.

La previsión inicial es que el trámite de presentación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo se formalice "a finales de esta misma semana o a principios de la próxima" .

A propósito de la sentencia, insiste en que la resolución "no entra en el fondo del asunto, y se queda en una cuestión puramente procedimental, al limitarse a condenar a la Administración a que inicie un procedimiento de caducidad, pero no prejuzga el resultado de dicho procedimiento. Aún así, y dado que Ence estima que no tiene sentido iniciar la incoación del expediente, la empresa presentará recurso antes de la fecha señalada"

Por lo demás, Ence considera que la resolución judicial "supone una condena a la administración y no declara nula la concesión de Ence".

Lo reiteraron ayer los portavoces de la empresa: "La sentencia no declara la caducidad de la concesión. Es más, no entra en el fondo del asunto, y se queda en una cuestión puramente procedimental".