El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Emilio Botín Sanz de Sautuola y sus cinco hijos, así como contra su hermano Jaime Botín Sanz de Sautuola y sus respectivos cinco hijos, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

En concreto, los hechos denunciados se remontan al 24 de mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre una serie de clientes españoles, entre los que se encontraban los denunciados, de la entidad bancaria HSBC Private Bank Suisse con fondos en determinadas cuentas en el citado banco suizo, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009.

El caso de las cuentas ocultas de HSBC se inició en mayo de 2010, cuando la Agencia Tributaria recibió de parte de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en la filial suiza de la entidad, después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico con información entre los ejercicios fiscales de 2005 y 2009.

En concreto, 12 miembros de la familia Botín regularizaron 72 declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre Patrimonio de entre 2005 y 2009 por los activos de la herencia familiar en Suiza, que les han llevado a pagar ya a Hacienda unos 200 millones de euros.

Según fuentes próximas a la familia Botín, el origen de ese patrimonio en Suiza se debe a la huida del padre del actual presidente del Banco Santander a ese país en 1936, cuando acababa de estallar la Guerra Civil española y fue cesado de sus cargos en la entidad financiera.

Durante su estancia en Suiza, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López abrió una cuenta a la que trasladó parte del patrimonio familiar y creó una fundación para que lo administrara, que no ha recibido aportación de los herederos desde el fallecimiento del empresario en 1993.

A raíz de que la Agencia Tributaria requiriera información en 2010 al fallecido Emilio Botín Sanz de Sautuola y López por la información recibida del "caso HSBC", el presidente del Banco Santander, su hermano Jaime y sus respectivos hijos procedieron a regularizar las declaraciones con pagos de 200 millones de euros, según fuentes próximas a la familia.

Aunque las regularizaciones realizadas siguen siendo comprobadas por Hacienda, Anticorrupción se ha visto obligada a iniciar acciones judiciales para evitar que prescriban las actuaciones relativas al ejercicio 2005, lo que se iba a producir el próximo 30 de junio.

A petición de la Agencia Tributaria, Emilio Botín y sus cinco hijos presentaron en julio de 2010 las declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre Patrimonio de los ejercicios 2005 a 2009, la mayoría complementarias, sobre las que aportaron más documentación a finales de ese mes por la existencia de errores o defectos.

El presidente del Banco Santander y sus hijos (Ana Patricia, Paloma, Emilio, Carmen y Francisco) explicaron que la regularización voluntaria se debía a activos o rentas cuya titularidad pertenecía a trusts, fundaciones y otras figuras fiduciarias.

En otro escrito posterior, el presidente del Banco Santander precisó que, aunque no era el titular de las cuentas bancarias del HSBC, se había decidido a presentar las complementarias con el detalle de la evolución de su patrimonio para clarificar la situación ante Hacienda.

A mediados de 2010 también regularizaron su situación fiscal Jaime Botín y sus cinco hijos (Marcelino, Alfonso, Gonzalo, Marta y Lucrecia), quienes explicaron el problema de la herencia de su padre y abuelo.

Esa herencia fue dividida en tres bloques, de los que uno era común (formado principalmente por el 12 por ciento del capital social de Bankinter y atribuido principalmente a los nietos).

Los otros dos bloques se asignaron a dos sociedades, cuya propiedad correspondía a cada uno de sus hijos (Emilio y Jaime) y cuyas rentas han sido integradas en las declaraciones complementarias.

Gran cantidad de documentación

El pasado 15 de abril, la Administración Tributaria recoge en sus informes que, debido a la ingente documentación presentada por los denunciados, es incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces y envía el expediente a la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente presentó denuncia en la Audiencia Nacional, "ya que al prescribir el ejercicio de 2005 en la fecha de 30 de junio de 2011, la labor de verificación de las regularizaciones realizadas por el conjunto de contribuyentes, no puede concluir en la de la sede de la Fiscalía Especial y se hace necesaria la interposición de la presente denuncia".

Además, añade que en "el supuesto de que las regularizaciones practicadas por los contribuyentes sean completas y veraces, será de aplicación, en sede de jurisdicción penal, la excusa absolutoria prevista en el artículo 305.4 CP y el archivo de las diligencias incoadas".

En su auto de admisión, el juez Andreu explica que el objeto inicial de la investigación se debe a "la imposibilidad reconocida por dicha Administración para realizar una valoración en plazo sobre la corrección o no de las declaraciones complementarias practicadas por los denunciados, lo que hace necesario que, mediante el presente procedimiento se determinen, previamente, qué conductas aparecen como exigibles a cada uno de los denunciados a fin de regularizar, o de poner en orden, su situación tributaria relacionada con aquellas deudas que tendrían su origen en la presunta y previa defraudación consumada de una cuota tributaria en cuantía superior a los 120.000 euros".

Así, el magistrado admite a trámite la denuncia y designa a dos peritos destinados en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria para determinar, en primer lugar, si los denunciados han regularizado adecuadamente su situación fiscal, algo que, al no hacerlo la Administración, se debe hacer "en el proceso penal, con las garantías y derechos que en el mismo se reconocen, y que deba ser declarada por un juez o tribunal".

El auto de la Audiencia no es firme y cabe la opción de interponer recurso de reforma ante el propio juzgado número 4 de la Audiencia Nacional en el plazo de tres días o directamente recurso de apelación en el plazo de cinco días.

Además, dada la condición de perjudicado que por los hechos denunciados pudiera tener el Estado, el juez acuerda que se le ofrezca a través de la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse en el procedimiento.

Entre uno y cuatro años de cárcel

De confirmarse su culpabilidad, los Botín podrían enfrentarse a penas de entre uno y cuatro años de cárcel, según indicaron a Europa Press fuentes de los inspectores de Hacienda.

Además, en el caso de que exista sentencia firme condenatoria contra Botín y sus familiares, éstos perderían el requisito de honorabilidad para dirigir entidades de crédito, lo que afectaría directamente tanto a Emilio Botín como a su hija Ana Patricia Botín, presidenta de la filial británica del Santander.

Aparte de la posible pena de prisión, podrían hacer frente a una multa hasta seis veces superior a la cuantía defraudada. La legislación española contempla también supuestos de delito fiscal agravados, como aquellos en los que se utilizan personas interpuestas para la comisión del delito, los llamados "testaferros", o aquellos otros en los que el importe defraudado es muy grande, circunstancia que debe ser determinada discrecionalmente por el Tribunal.