La patronal gallega debe devolver una ayuda de medio millón de euros a la Xunta

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) a devolver 502.034 euros a la Xunta porque no pudo probar que realmente impartiese los cursos de formación para parados para los que recibió una subvención del Gobierno autonómico entre los años 1997 y 1998. La sentencia del Tribunal Superior, dictada el pasado mes de octubre, es firme por lo que la patronal gallega ya no puede demorar la devolución del dinero.

La condena de los magistrados se refiere a un período en el que la confederación empresarial estaba presidida por Antonio Ramilo, que dimitió en el año 2000 precisamente tras descubrirse irregularidades en la gestión de los fondos públicos destinados a los cursos de formación y un supuesto desvío de subvenciones además de desfases en la contabilidad.

Los hechos que han originado que la Confederación de Empresarios de Galicia tenga que devolver ahora medio millón de euros se remontan a hace más de diez años. Dentro de la convocatoria de subvenciones del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional de 1997-1998, la entonces Consellería de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juventud otorgó una ayuda de 1,4 millones de euros a la confederación para formar a personas desempleadas.

La consellería, tras estudiar las facturas y comprobantes remitidos por la CEG tras la entrega de la subvención comprobó que faltaban justificantes que acreditasen que realmente se habían impartido algunos de los cursos de formación. Concretamente la Xunta no halló justificación para más o menos la mitad de los 1,4 millones de euros que le había otorgado.

El Gobierno gallego por esta razón en mayo de 2002 emitió una resolución en la que ordenaba a la confederación que le devolviese 698.625 euros pues le habían presentado facturas y comprobantes que justificaban sólo 770.623 euros.

La patronal gallega rechazó devolver el dinero y optó por presentar un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la consellería. En mayo de 2005 el Tribunal Superior de Galicia estimó en parte el recurso de los empresarios. Determinó que había una pequeña parte de las facturas que sí contaba con los justificantes debidos. Pero también confirmó que la mayor parte de los cursos efectivamente no se había acreditado que fuesen impartidos por lo que resolvió que la CEG debía devolver 502.034,17 euros. Durante el juicio la confederación alegó que alguien había sustraído justo la documentación que probaba los gastos de los cursos de formación e incluso llegó a presentar una denuncia penal por dicho robo.

El Gobierno autonómico reclamó en 2006 el pago del medio millón de euros que se le debía en ejecución de la sentencia de 2005 pero la confederación empresarial de nuevo se negó y optó por presentar un nuevo recurso contencioso.

Los empresarios en el nuevo juicio explicaron que en su día no pudieron presentar todos los justificantes de pago "por causa de fuerza mayor" pero en los últimos años los habían encontrado.