Los 41 ex trabajadores de chocolates La Perfección y Viso negocian la venta de las marcas a varias firmas

La CIG anunció ayer que un juez de Palencia ha ordenado el precintado de la fábrica donde la familia Ruiz Mateos venía elaborando los chocolates La Perfección y Viso, después de que el Tribunal Supremo rechazase el recurso de casación interpuesto por la empresa contra la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que nombra a los ex trabajadores de la compañía viguesa que creó las marcas propietarios de las mismas.

La sentencia, que también fija una indemnización (1% de las ventas de los últimos dos años), llega cuando los 41 ex empleados de la empresa han iniciado los contactos para vender las marcas. Una de las dos ofertas presentadas hasta ahora es de la propia familia Ruiz Mateos, que fue rechazada por "insuficiente".

El proceso comenzó en 1999, cuando el conocido empresario español compró la empresa de Vigo que fabricaba los chocolates mediante compañías "superpuestas". Los 41 trabajadores afectados por el cierre no cobraron las indemnizaciones a las que tenían derecho por ley (sólo del Fogasa).

En 2008 la Audiencia Provincial de Madrid reconoció que las marcas eran propiedad de los 41 trabajadores de la planta de Vigo, pero la familia Ruiz Mateos recurrió ante el Supremo, que rechazó la solicitud del empresario.

Las marcas estaban hasta ahora registradas a nombre de Berbury Holdyn INC y fueron transferidas a Carrington Trading INC, mientras que la fabricación se hacía a través de Comercial Loraine (Chocolates Trappa). "Llegamos a encontrar empresas domiciliadas en una plataforma petrolífera del Mar del Norte", denuncian desde la CIG.

En la sentencia de la Audiencia Provincial se considera que hubo una "violación de las marcas" y que "estas marcas fueron registradas de mala fe, en el seno de una compleja operación en la que están involucradas todas las sociedades demandadas, la mayoría de las cuales aparecen relacionadas entre sí".

Indemnización

Ahora, un juez de Palencia acaba de ordenar el cese de la producción y el embargo de las existencias, además de fijar una indemnización. El sindicato explica que el reconocimiento de la propiedad para los trabajadores de Vigo supone que puedan comenzar a negociar la venta de las marcas, valoradas en unos 360.000 euros, a empresas o grupos interesados.