La Audiencia Nacional y el Tribunal de la UE cuestionan los desarrollos reglamentarios del decreto del carbón que incentiva la quema de mineral nacional y que paralizará la actividad de las térmicas gallegas, ya publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El tribunal nacional decidirá el miércoles si aplica las medidas cautelarísimas solicitadas por las eléctricas e inhabilita uno de los desarrollos técnicos de la norma. Luxemburgo, por su parte, solicitó por carta al Gobierno que retrase dos meses la aplicación del nuevo reglamento para analizar el expediente, después de que las empresas recurrieran también ante esta instancia judicial.
Todos los sectores afectados en Galicia mostraron su agrado ante un posible bloqueo de la norma. Xunta y Consellería de Economía, que también recurrieron el texto, expresaron su "satisfacción por la paralización cautelar" del decreto y esperan que "en los próximos día esta decisión sea confirmada por los tribunales".
La medida cautelarísima que analizará la Audiencia Nacional el próximo miércoles, día 3 de noviembre, responde a una resolución publicada el martes en el BOE con detalles técnicos para la aplicación del decreto, entre ellos el precio al que se pagará el megavatio hora a las centrales que quemen carbón nacional, situado en una media de 71,63 euros.
Las eléctricas recurrieron el desarrollo porque establece un plazo de sólo tres días para que las centrales remitan a la Comisión Nacional de Energía (CNE) sus cartas de compromiso de adquisición de carbón nacional, lo que, a su juicio, es un tiempo insuficiente.
Las compañías energéticas también pidieron medidas cautelarísimas ante el Tribunal de Luxemburgo contra un texto que recibió la aprobación de la CE, pero que, según las eléctricas, podría alterar el funcionamiento del mercado energético al incentivar el carbón nacional en detrimento de otras tecnologías.
El Ministerio de Industria, no obstante, niega que estos hechos "bloqueen la aplicación del decreto del carbón", según un portavoz del departamento de Miguel Sebastián. Industria considera que las medidas cautelares solicitadas por estas instancias jurídicas afectan sólo al reglamento de desarrollo del real decreto y únicamente a un "aspecto menor".
