La factura de la luz de los hogares españoles se ha encarecido desde principios de 2009 en proporciones que rondan el 8%, con arreglo a las subidas decididas por el Gobierno desde principios de 2009. Para un consumidor medio el incremento del recibo ha sido de unos 50 euros anuales. Y ha sido de ese modo a pesar de que, al hilo de la crisis económica y del menor consumo, los costes del kilovatio en los mercados mayoristas de la electricidad se han reducido drásticamente, hasta un 40%. La apuesta por las energías renovables para frenar el cambio climático y el déficit que arrastra el sistema de la tarifa eléctrica por la existencia de un desfase histórico entre costes y precios explican que el recibo de la luz siga subiendo. También a pesar de las expectativas que suscitó el proceso de liberalización que se completó durante 2009.

La compañías eléctricas han destacado últimamente cómo el comportamiento del mercado mayoristade la electricidad ha penalizado sus resultados económicos. En el mercado ordinario, los productores venden a diario la energía a las compañías comercializadoras y en ese proceso se casa la oferta y la demanda. Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), mediado 2009 los precios que se pagaban en el mercado mayorista eran un 30% más bajos que un año antes. Según otros datos de las empresas, para el conjunto del año la caída de precios llegó a superar el 42%. La situación fue tal que en bastantes optaron por mantener sus centrales térmicas fuera de servicio porque el precio que se pagaba por el kilovatio no cubría los costes de la generación.

Esto es, el kilovatio que compraron en el mercado las compañías comercializadoras para venderlo a sus clientes tuvo un coste muy inferior al de 2008; sin embargo, el recibo eléctrico de un consumidor tipo –para una vivienda sin calefacción eléctrica y con un gasto anual de 4.000 kilovatios– ha pasado de ser de unos 650 euros a principios de 2009 a unos 700 euros en la actualidad, según las herramientas de cálculo que brinda la Comisión Nacional de Energía en una web destinada a los consumidores.

¿Por qué el abaratamiento de los costes de la electricidad no se ha reflejado en lo que pagan los ciudadanos? Desde julio de 2009, cuando desaparecieron las tarifas hasta entonces vigentes para acelerar la liberalización del mercado de la luz, la mayoría de los consumidores domésticos están acogidos a la llamada "tarifa de último recurso" y su precio lo revisa cada seis meses el Ministerio de Industria.

Sobre el papel, el nuevo sistema fue diseñado para reflejar los costes reales de la energía y, por tanto, para que llegaran al consumidor final tanto las subidas como las bajadas del mercado. Para ello, la tarifa de último recurso tiene dos componentes: de una parte, se recoge el coste de producción de la energía (utilizando como guía unas subastas que se celebran cada seis meses); de otra parte están las denominadas tarifas de acceso, que sufragan las retribuciones de las empresas de transporte y distribución de la luz, así como las primas para las energías renovables o los costes derivados del pago de la multimillonaria deuda contraída por el sistema con las eléctricas durante casi una década (déficit tarifario).

Según las explicaciones recabadas en el sector, lo que ha ocurrido en el último año es que aunque los precios se desplomaron en el mercado eléctrico, el Gobierno ha subido las tarifas de acceso, que suponen en torno al 50% del recibo de la luz, para ir pagando el déficit tarifario (soportado financieramente por las empresas) y, de manera singular, para pagar los incentivos que reciben los productores de energía renovable (eólica, solar y otros).