"Un pequeño avance". Así valoró el responsable de la Federación de Alimentación de CIG, Xosé Fernández Piñeiro, la reunión mantenida ayer en Santiago por los representantes sindicales de la plantilla del grupo conservero Alfageme y de la empresa con la mediación del director xeral de Relacións Laborais de la Xunta, Odilo Martiñá, para abordar el plan de viabilidad de la empresa.

Según la versión realizada al término de la reunión por Fernández Piñeiro, a la exigencia sindical de que se sustituya el actual Consejo de Administración de la conservera, con cuya gestión son muy críticos los trabajadores, el representante de la empresa habría accedido "verbalmente" al cambio.

Según concretó Piñeiro, la fórmula sería que de los cinco miembros del Consejo de Administración dos fueran representantes de la propiedad –la inmobiliaria Promalar–, mientras que los otros tres serían personas independientes y "pactadas por el Igape y por las entidades financieras acreedoras" de la conservera, es decir, Caixanova y Banco Popular.

Por lo que respecta a la segunda exigencia sindical, es decir, cambios en el equipo gestor, la empresa habría mantenido que tienen prácticamente ultimado el organigrama, aunque avanzaron que el equipo directivo estará integrado por "personal que ahora mismo ya está trabajando en la empresa y eso no nos gusta", en palabras del responsable de CIG.

Finalmente, el principal "escollo" de la reunión fue, para la representación sindical, el que afecta a las garantías para los afectados por el traslado desde Vigo a la planta de Vilaxoán. El comité exige para estos operarios garantías "indemnizatorias" similares a las establecidas para los que abandonan la empresa por si se diera el caso de que "la empresa se fuera al garete".En tal punto, según Piñeiro, "la empresa no ofreció nada y dicen que es casi inviable", aunque desde la Administración se estudiaría proponer una posible vía para atender esta cuestión.

La empresa se comprometió a redactar en el plazo de 24 o 48 horas un documento que refleje los posibles cambios en el Consejo de Administración y el equipo directivo y sus funciones específicas para trasladárselo a los trabajadores, de forma que lo valoren y, en una semana, volver a celebrar una reunión para abordar otros "flecos pendientes" –jornada laboral, plus de transporte o la situación de los trabajadores discontinuos– con el mediador de la Xunta, como también confirmó Traballo.

Según Piñeiro, sobre el aval de la Xunta –a través del Igape– a los 9 millones que la empresa solicita para el plan de viabilidad, según Piñeiro, "la Xunta lo aceptaría pero siempre que el plan estuviera pactado entre empresa y trabajadores".

Finalmente, el responsable de CIG ya avanzó que, mientras no exista un compromiso firme o un acuerdo, la plantilla mantiene su calendario de huelgas y protestas. Hoy, los trabajadores serán informados por el comité de los pormenores de la reunión de ayer en Santiago.