El tortuoso proceso electoral de Caja Madrid, la segunda caja de ahorros española, se ha topado con un nuevo obstáculo tras la decisión de un juzgado madrileño de paralizarlo de forma cautelar hasta resolver el recurso presentado por el Ayuntamiento de la capital.
El motivo de este recurso, formalizado el pasado viernes, es el reparto de los 64 consejeros generales en la Asamblea de Caja Madrid que corresponden a la Casa Real, institución que tradicionalmente renuncia a designarlos.
La Comisión de Control de la entidad, el organismo encargado de supervisar el proceso electoral, en el que son mayoría los afines al Ejecutivo regional, decidió que el reparto de los consejeros de la Casa Real se hiciera de acuerdo con la nueva ley de cajas, aprobada este año, que deja fuera, entre otros, a los municipios.
El Ayuntamiento de Madrid, el principal perjudicado, entiende por el contrario que debe aplicarse la antigua ley de 2003, que sí incluye en el reparto a las corporaciones locales, ya que la nueva norma, promovida por la Comunidad, entró en vigor después de que la Casa Real renunciara a sus consejeros.
Según los cálculos del consistorio, si se empleara la norma antigua le corresponderían nueve consejeros más, con lo que pasaría de los 36 actuales a 45.
Segundo intento
Como primer paso, el Ayuntamiento impugnó a mediados de septiembre la decisión ante la propia Comisión de Control, que la rechazó el pasado miércoles.
Sin esperar al fallo de la Comisión, el consistorio presentó el viernes de la semana pasada un recurso ante el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid.
Este juzgado ha atendido los argumentos del consistorio, que alegaba motivos de urgencia, y ha optado por la suspensión cautelar sin escuchar a la parte demandada, la Comisión de Control, lo que paraliza un proceso que debía terminar a mediados de noviembre.
