El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pidió ayer a los partidos que hagan “cuánto antes” reformas en el sistema de pensiones, ya que si se hacen pronto son “menos traumáticas” y, además, este año podría “desaparecer” el superávit de la Seguridad Social.

Fernández Ordóñez compareció ayer en la Comisión no permanente del Congreso de los Diputados, en la que repasó el estado del sistema público de pensiones y recordó las modificaciones que están aplicando los países del entorno de España para garantizar su viabilidad futura.

El gobernador no se pronunció a favor de ninguna reforma en cuestión por ser una decisión “eminentemente política”, simplemente dijo que la aplicación de una medida como aumentar el número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora “nos acercaría a la situación de algunos países”. En Francia, se ha pasado de utilizar 10 años a 25, en Austria de 15 a 40, mientras que en Finlandia, Polonia, Portugal y Suecia emplean toda la vida laboral para calcular la prestación por jubilación, precisó.

Para Fernández Ordóñez, en España hay un “problema de sostenibilidad” del sistema público de pensiones y “negarlo es absurdo”. Por ello, emplazó a los grupos parlamentarios a que así se lo transmitan a la sociedad, así como que es necesario aplicar reformas en la economía y en el mercado de trabajo para solucionarlo, que no concretó.

“Cuanto antes haga uno las reformas serán menos traumáticas. Lo que vayan a hacer, yo les recomendaría que lo hicieran pronto, porque eso permite que la intensidad de las medidas sea menor”, sugirió. La razón que dio es que “uno tiene que dar menos volantazos para llegar adonde quiere”.

En su opinión, la opción es “tocar todas las teclas porque, cuantas más toques, las reformas son menos traumáticas”, aunque “parece muy radical hágalo usted todo y pronto, pues, mire usted, es lo menos radical, es lo más suave”.

Entre las “teclas” que los partidos pueden tocar están evitar la jubilación anticipada, incentivar el retraso de la salida del mercado de trabajo, tocar la edad legal de retiro, aumentar la carrera de cotización y mejorar la contributividad entre lo que se cotiza y lo que se cobra.

Según explicó, la estrategia para mantener la sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa por unas finanzas saneadas, por reformas estructurales en la economía y del propio sistema de protección, ya que el alza del déficit público “no puede ser ilimitado en la situación actual con el fin de evitar que se genere un fuerte aumento de la deuda pública”.

Al respecto, afirmó que las reformas del sistema aplicadas desde la firma del Pacto de Toledo (1995) han ido en la dirección “adecuada”, caso de la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social -no está completada- la unificación de las bases de cotización, la creación del Fondo de Reserva o la progresiva simplificación de los regímenes.

Sobre la posibilidad de que el superávit de la Seguridad Social desaparezca en 2009, el portavoz del PP en la Comisión, Tomás Burgos, advirtió de que sería una “catástrofe sin paliativos”. Además, alertó de que el margen de maniobra para acometer reformas “no traumáticas” ha disminuido “drásticamente” porque los elementos demográficos se han sumado a la crisis.

Desde el PNV, Emilio Olabarría pidió a Fernández Ordóñez que identifique las reformas que hay que acometer, porque hay un miedo “exacerbado” a citarlas.

300.000 personas sin prestación por desempleo

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, cifró ayer en más de 300.000 las personas que ya no perciben la prestación por desempleo y están en una situación de desprotección, cifra que, dijo, seguirá aumentando si perdura la situación de crisis económica. Por ello, instó a las comunidades autónomas, que tienen la competencia exclusiva de las políticas activas, a que amplíen las rentas de protección social para dar algún tipo de cobertura a estas personas.

El ministro también descartó una ampliación de la prestación por desempleo por cuestiones presupuestarias y reiteró que ya se destinaron más de 10.000 millones de euros adicionales este año para estas prestaciones.

Corbacho insistió en la necesidad de que las comunidades autónomas y el Estado hagan un esfuerzo de cooperación mientras dure la crisis económica y citó a Cataluña y Madrid como casos en los que ya se ha legislado el acceso a las rentas de inserción social.

Además, indicó que “el diálogo social no va a resolver las crisis económicas y financieras”, sino que deben ser todos los gobiernos los que actúen de forma conjunta para salir de esta coyuntura. Corbacho reiteró que el diálogo social está funcionando y mostró su “plena confianza” en el proceso porque así se lo manifestaron sindicatos y patronal.