FACUA exige a los ayuntamientos la participación de las asociaciones de consumidores en el diseño de las tarifas y la implantación del ciclo integral del agua, ya que una de las principales carencias existentes en numerosos municipios españoles es la no depuración de las mismas. Ambas reivindicaciones están entre las principales directrices de la Directiva Marco del Agua, aprobada en 2000 y que entra en vigor en su totalidad en 2015.
El estudio revela que el consumo mensual de 10 metros cúbicos de agua, dentro de un perfil de familia de cuatro miembros, supone un importe medio de 11,03 euros más IVA si el contador individual tiene un calibre de 13 milímetros, un 4,8% más que en 2007 (entonces suponía 10,53 euros) y de 12,52 euros si es de 15 mm., un 4,3% por encima del año anterior (12,00 euros). Estas cifras, que incluyen las cuotas fijas y variables relativas tanto al abastecimiento como al saneamiento de agua, se elevan a 21,15 y 22,63 euros al mes, respectivamente, si el consumo es de 20 m3. Las subidas con respecto a 2007 son en estos casos del 4,4% (suponía 20,27 euros) y el 4,1% (21,74 euros).
ENTRE CASTELLON Y MURCIA Y ALICANTE
Pero las tarifas son muy distintas en función de cada ciudad. Así, el consumo mensual de 10 m3 representa en Castellón 4,79 euros o 6,49 euros, en función de si el contador tiene un calibre de 13 o 15 mm., frente a los 18,72 euros que cobran en Murcia si es de 13 mm. y los 32,11 que llega a alcanzar en Alicante si es de 15 mm.
Como viene poniendo de manifiesto FACUA en los estudios realizados cada año desde 2004, la diferencia de tarifas entre la ciudad más cara y la más barata es desproporcionada, alcanzando actualmente el 395% en el caso del consumo mensual de 10 m3. Ésto representa una diferencia anual en las facturas de nada menos que de 307,44 euros (siempre más IVA).
Si la familia consume 20 m3, las diferencias llegan hasta el 386%, suponiendo una variación en la facturación de hasta 468,00 euros. Para los consumos de 20 m3, Castellón es la ciudad con el suministro de agua más económico para los contadores de 13 mm., frente a Murcia, que tiene las tarifas más caras. En el caso de los contadores de 15 mm., Pamplona tiene las tarifas más bajas, con un importe de 10,11 euros, mientras que Alicante es la más cara, 49,11 euros.
FACUA advierte que no siempre puede considerarse positiva una tarifa muy baja y negativa una muy alta, ya que resulta necesario que las suministradoras apliquen tarifas progresivas que penalicen los metros cúbicos consumidos en exceso (siempre que se bonifique a las familias numerosas), algo que no ocurre en todos los casos. Asimismo, hay que tener en cuenta que entre las ciudades con las tarifas más bajas uno de los motivos es, en ciertos casos, que no depuran las aguas, otro aspecto negativo.
Sólo trece municipios, menos de la mitad de los analizados por FACUA, aplican factores de corrección a las familias que superen un determinado número de miembros, también con criterios diferentes según la ciudad. Y es que la asociación entiende que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de habitantes de la vivienda.
En España, el suministro domiciliario de agua es una competencia de los ayuntamientos, que otorgan las concesiones del servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Con la excepción del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía, los derechos y obligaciones de los usuarios y las empresas suministradoras únicamente se establecen mediante ordenanzas municipales o los acuerdos que regulan las concesiones, una dispersión que provoca que no estén garantizados unos requisitos mínimos de calidad del servicio a nivel nacional y la existencia de facturas con conceptos muy dispares y difíciles de entender para los usuarios debido a su complejidad.
FACUA demanda una norma de ámbito nacional que regule aspectos como los procedimientos para la aprobación de las tarifas, que deben incluir el trámite de audiencia de las asociaciones de consumidores, las indemnizaciones a percibir si se producen cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros, la periodicidad de lectura de los contadores y facturación, las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos y requisitos para las bajas en el servicio, los conceptos incluidos en las facturas y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.
La asociación también reivindica la obligación de que las empresas cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios y señala la necesidad de que estén adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.
Para realizar este estudio, donde los datos se ofrecen sin incluir el IVA, FACUA ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua, esto es, las cuotas fijas y variables facturables tanto por el abastecimiento como por el saneamiento, alcantarillado, depuración y/o vertidos, excluyendo tanto posibles cánones o recargos relacionados con la mejora de infraestructuras, impulsión, sequía... como el alquiler y/o mantenimiento de contadores (que se cobra en once de las ciudades). En algunas ciudades el contador es propiedad del consumidor y no de la empresa suministradora.
