Si el Gobierno aprobase la propuesta del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y excluyese a los prejubilados de las listas del paro, el número de desempleados se reduciría en Galicia en 14.279 personas, un 8,4% de los 168.423 parados censados en la comunidad autónoma, según datos de la Consellería de Traballo. La mayoría de los demandantes de empleo prejubilados -13.497- son mayores de 52 años y perciben la prestación especial para este sector de edad, y sólo 782 prejubilados cobran la prestación por desempleo.

El peso de los prejubilados gallegos en las estadísticas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) es considerable y se sitúa al mismo nivel que tiene en Asturias, donde los procesos de reconversión en la siderurgia y la minería obligaron a varios miles trabajadores a acogerse a planes de jubilación anticipada durante la última década.

Hasta los representantes de CC OO y UGT, consideran llamativo el dato ofrecido por la Xunta, aunque atribuyen el elevado número de prejubilados al peso que han tenido en Galicia las prejubilaciones del sector naval y de la banca, uno de los más dados a rejuvenecer sus plantillas por la vía de la jubilación anticipada.

Los tres sindicatos mayoritarios en Galicia rechazan la propuesta que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, hizo pública la semana pasada de excluir a los prejubilados de la lista de demandantes de empleo. UGT y CIG confían en que Trabajo cumpla su promesa de negociar esta medida, pero CC OO ya advierte que los derechos fundamentales, como el Derecho al Trabajo "no se negocian".

El Gobierno aparcó la medida anunciada por el ministro pero pretende negociarla con empresarios y sindicatos

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, hizo pública hace ocho días su propuesta de excluir de las listas del paro a los prejubilados durante una conferencia en la que defendió reformar el sistema, que sufre un "problema estructural". El anuncio provocó un mar de críticas, por lo que tanto CC OO como el PP consideran un mero maquillaje de los datos en un momento de crisis.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron al día siguiente que lo que el Gobierno pretende evitar es que empresas con beneficios como Telefónica den de baja a trabajadores que no han llegado a la cincuentena y que sean las arcas públicas quienes asuman los costes. Ese mismo día, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, matizó que la medida se llevaría a la práctica tras someterla a negociación con las organizaciones sindicales y de empresarios.

Dificultades

"Eso es una barbaridad. Los prejubilados han llegado a esta situación tras un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y no porque quieran, tienen derecho a trabajar hasta los 65 años". Así opina el secretario de Emprego de CC OO en Galicia, Eusebio Justo Santos, uno de los más críticos con la medida anunciada por Celestino Corbacho. Para él, lo único que persigue el Gobierno es maquillar las cifras para reducir la cifra de parados justo ahora que el incremento es más acusado. Este sindicalista cree que los prejubilados siempre tienen la opción de volver a trabajar.

"Ya es más que suficiente que no consten en las listas de paro los 40.000 trabajadores que cada año participan en actividades de formación, como las escuelas taller", añade Justo. El representante de CC OO sí está dispuesto a variar la legislación para evitar que las empresas con beneficios prejubilen a trabajadores. "Es una sinvergüencería y un despropósito que las arcas del Estado asuman ese coste".

Tampoco Carlos Bellas, secretario de Saúde Laboral e Medio Ambiente de UGT-Galicia, cree que la exclusión de los prejubilados de las listas del paro sea positiva. "Lo que hay que hacer es regular la figura del prejubilado, que ahora es alegal", manifiesta.