18 de noviembre de 2008
18.11.2008
según CEACCU

Más del 80% de los españoles es incapaz de ahorrar 3.000 euros al año

18.11.2008 | 16:45

Más del 80% de los españoles es incapaz de ahorrar 3.000 euros al año, según una encuesta de la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) presentada hoy, que pone de manifiesto la "vulnerabilidad" de los consumidores ante la crisis financiera.

Según informó la presidenta de CEACCU, Isabel Ávila, el número de personas con capacidad de ahorrar ha disminuido significativamente este año con la crisis financiera, aunque las familias españolas arrastran dificultades económicas desde 2007, cuando la subida del petróleo disparó el precio de los alimentos.

"En 2007 sólo el 20% de los consumidores era capaz de ahorrar más de 3.000 euros anuales, y ahora ese porcentaje es aún menor", destacó Ávila, quien resaltó la necesidad de que los españoles sean más responsables a la hora de consumir "para no acabar todos los fines de mes en 'números rojos' y evitar situaciones concursales irreversibles".

El estudio, elaborado sobre encuestas a 1.600 personas mayores de 18 años con algún tipo de relación con una o más entidades financieras en todo el territorio nacional, concluye que el español medio "no ahorra ni invierte porque afirma no tener dinero para hacerlo".

Destaca además el mayor peso de los productos de endeudamiento frente al ahorro, ya que uno de cada tres consumidores poseen un préstamo hipotecario y uno de cada cinco reconoce disponer de préstamos personales, perfil que corresponde sobre todo a un individuo soltero y sin estudios universitarios.

Los trabajadores por cuenta propia, quienes trabajan en casa, quienes todavía no tienen vivienda en propiedad y los menores de 25 años son otros colectivos "poco ahorradores", según CEACCU, que aboga por promover programas de estímulo al ahorro y de cultura financiera.

El informe recalca el desconocimiento "básico y mayoritario" de cuestiones esenciales como la existencia del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), ya que sólo el 20% sabe qué es, y la falta de información sobre las condiciones de distintos productos de ahorro e inversión, con un 13% que se considera informado.

Por otro lado, lamenta la escasa percepción del riesgo por parte de los usuarios, porque sólo el 27% considera los fondos de renta variable como poco seguros, y la nula diversificación existente, si se tiene en cuenta que el 85% de los entrevistados sólo operan con una entidad.

El estudio también critica que la información que las entidades dan a veces, aunque veraz, no se ajusta al grado de conocimiento del consumidor, mientras que en otras ocasiones apunta a malas prácticas por parte del banco o la caja que comercializa un producto.

MALA INFORMACIÓN, MALA FE.

"No se puede vender un plan de pensiones a 20 años a alguien que ya ha cumplido los 90. Eso es mala fe", ilustró la presidenta de CEACCU, partidaria de que los consumidores desconfíen más de las entidades bancarias y se lean la letra pequeña de todos los contratos que suscriban.

Por su parte, la profesora de la Universidad de Valencia Lourdes Ferrando y coautora del estudio, incidió en que ante la guerra del pasivo que libran las entidades en la actualidad, es llamativo el desconocimiento de los usuarios respecto al tipo de depósitos que se ofrecen, tradicionales o estructurados, entre otros, y de los costes de contratación por parte del consumidor.

Según el asesor de Servicios Jurídicos de CEACCU, Eugenio Ribón, el servicio de control y supervisión financiera en España se ha demostrado "insuficiente" para proteger los intereses de los consumidores, ya que las recomendaciones del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a las entidades en caso de conflicto con el consumidor no son vinculantes.

Por esta razón, abogó por que las indicaciones de la futura Comisión Nacional de Servicios Financieros (CNSF) sean vinculantes. "La legislación actual es suficiente para las infracciones de tráfico y de Hacienda, porque se traduce en sanciones, pero esto no es aplicable a la banca", consideró.

Asimismo, criticó el "limbo de impunidad" en que operan los notarios, por considerar que no cumplen con su obligación de controlar de forma imparcial la legalidad de las cláusulas de los contratos que supervisan. "No es habitual que un notario advierta de una cláusula abusiva", dijo.

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