Una fuente del Gobierno dijo a Efe que el equipo jurídico de la Presidencia ya estudió la posibilidad de decretar dicho estado de emergencia, que está previsto por la Constitución colombiana para permitir al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa en casos especiales, por un plazo inicial de 30 días.
El presidente Álvaro Uribe ha tenido varias reuniones con sus asesores desde el viernes y en las próximas horas se reunirá de nuevo con todo el gabinete para adoptar la decisión, agregó la fuente.
"El interés del Gobierno es garantizar que los ahorradores recuperen su dinero", indicó la misma fuente y añadió que el Ejecutivo proyecta reformar las normas para tipificar como delito la captación de dinero por parte de empresas no autorizadas.
El escándalo de las "pirámides" estalló la semana pasada cuando comenzaron a desaparecer los responsables de varias oficinas que recibían dinero en efectivo de los ahorradores, a los que prometían beneficios de hasta un 300 por ciento.
Según el Gobierno, en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos 800 millones de dólares ofreciendo triplicar los fondos.
El pasado miércoles se registraron disturbios en varias ciudades, en las que decretó el toque de queda para contener las protestas, en las que murieron dos personas, mientras que un tercer ahorrador defraudado se suicidó.
Entretanto, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, le pidió a las autoridades regionales que colaboren para "identificar dónde se está haciendo esa captación" de dinero.
El ministro explicó que "se van a endurecer las penas y se va establecer un nuevo tipo de delito que no va a ser excarcelable.
El sábado, el presidente Uribe afirmó que las "pirámides" son parte de la "cultura mafiosa" y la ambición de ganancia fácil y rápida.
Como consecuencia de esta crisis, el viernes renunció el superintendente financiero, César Prado.
