El objetivo de este programa, que la canciller no ha querido describir como un "programa coyuntural" sino como un paquete de ayudas "puntuales", es incentivar a las empresas a invertir más y salvar así empleos.
El gobierno espera que el programa movilice inversiones de hasta 50.000 millones de euros, entre programas estatales y actividades de la empresa privada, y garantice hasta un millón de puestos de trabajo.
Uno de los puntos centrales consiste en dotar de 15.000 millones de euros adicionales al Banco de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo (KfW), fondos que se destinarán a elevar el volumen de créditos para las pymes.
El KFW obtendrá además 3.000 millones de euros adicionales para sus programas de fomento de la infraestructura en municipios con problemas financieros estructurales.
Otros 1.000 millones de euros se destinarán en los dos próximos años a proyectos de tráfico y de carreteras que en un principio estaban previstos para más adelante pero que han sido adelantados como medida de reactivación económica.
Uno de los puntos más controvertidos de este programa es el que contempla liberar del impuesto de circulación durante un periodo máximo de dos años a todo aquel que se compre ahora un coche nuevo.
Estas exenciones fiscales serán de un año para los automóviles convencionales y de dos años para los coches con bajos índices de emisiones.
La medida ha sido criticada, tanto porque no premia únicamente a los automóviles ecológicos, como por su carácter más simbólico que real; ningún experto cree que, en tiempos de crisis, alguien vaya a comprarse un coche por el mero hecho de que se le exima durante un tiempo tan limitado del impuesto de circulación.
Igualmente controvertida es la decisión de duplicar a 1.200 euros el total desgravable de las facturas de los trabajos de reparaciones domésticas, es decir, de electricistas, albañiles, pintores o fontaneros.
Entre las medidas de fomento ecológico figura la de elevar en 3.000 millones los incentivos fiscales para aquellas obras de reforma de edificios que sirvan para elevar la eficiencia energética.
Con el objetivo de salvar puestos de trabajo, el programa contempla además ampliar de 12 a 18 meses el periodo de ayudas estatales a las empresas que tienen que reducir jornada, bien sea por factores estacionales o por problemas económicos.
