El juez acepta la suspensión de pagos de Fadesa por "insolvencia inminente"

La mayor suspensión de pagos de la historia en España ya está en marcha. El magistrado del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de A Coruña aceptó ayer la petición del proceso de concurso de acreedores voluntario solicitado por Martinsa Fadesa. La inmobiliaria presentó la suspensión de pagos el pasado 15 de julio como forma de garantizar la continuidad de su proyecto empresarial y poder sanear la compañía, que cuenta con una deuda de 5.200 millones y un patrimonio de 10.805.

El juez Pablo González-Carreró estimó en su auto que la inmobiliaria envió por fax a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a las 10.57 de la mañana, que la empresa "se encuentra en situación de insolvencia inminente" como consecuencia de la drástica disminución de su actividad durante el presente ejercicio, dado el estancamiento del mercado inmobiliario. Por esta razón, aún cuando el patrimonio de la compañía baste para cubrir la totalidad de su deuda, lo relevante para el juez ha sido determinar que en la situación actual la empresa no puede hacer los pagos comprometidos sin exponerse a "ejecuciones singulares".

Con la aceptación del concurso, Martinsa Fadesa evita el embargo preventivo de sus bienes y las eventuales responsabilidades de sus gestores. Los acreedores, por su parte, podrán dar a conocer a la administración concursal los créditos que les debe la inmobiliaria en el plazo de un mes a contar desde el próximo 1 de septiembre. El auto del juez indica también que grupo inmobiliario controlado y presidido por Fernando Martín conservará las facultades de administración y disposición de su patrimonio, si bien estarán sometidas "a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad".

González-Carreró argumenta en el escrito de seis páginas que las previsiones de cash-flow operativo de Martinsa Fadesa (diferencia entre los cobros previstos y los pagos comprometidos) para el periodo julio-septiembre "contemplan un desfase de 22 millones de euros". Además, también prevé "un déficit de 94 millones de euros para el mismo periodo" en el cash-flow de financiación, "que no podrá compensarse con los flujos de inversión procedentes de empresas del grupo"

En cuanto a la tesorería, indica que ha menguado "drásticamente" en el último año y medio hasta situarse en algo más de 3,70 millones euros a fecha 30 de mayo de 2008. Así, señala que la sociedad "carece actualmente de liquidez y no es previsible que la pueda obtener en los próximos meses" para atender a las obligaciones de pago de intereses derivados del contrato de refinanciación de deuda que firmó el pasado mes de mayo y que prevé un pago de 330 millones de euros el 15 de diciembre de este año.

Para el titular del Juzgado, la inmobiliaria "difícilmente" podrá atender la totalidad de los gastos financieros derivados de los créditos hipotecarios contratados para financiar la construcción de sus promociones inmobiliarias si no se realizan las ventas previstas y la subrogación de los compradores en las hipotecas que gravan cada unidad constructiva.

El juez estima además que en la situación actual de tesorería de la empresa "se prevé la imposibilidad" de atender los pagos comprometidos derivados de la adquisición de suelo para la promoción inmobiliaria, de los que en 2009 vencen más de 241 millones de euros. A ello añade que, "la drástica disminución de la actividad" de Martinsa Fadesa durante el presente ejercicio "incrementa las dificultades con que se encuentra para acometer nuevas inversiones en un contexto de estancamiento del mercado inmobiliario marcado por el exceso de la oferta y la restricción del acceso al crédito, especialmente acusado en los últimos meses".

En todo caso, el juez añade que la situación de insolvencia "no presupone la insuficiencia patrimonial" para responder al pago de todas sus obligaciones, sino "únicamente la imposibilidad de satisfacerla a sus vencimientos" o la previsión de "no poder cumplir de forma regular o puntual".

No obstante, la inmobiliaria confía en poder llevar a cabo el convenio anticipado, algo que, según la Ley Concursal, podría implicar una quita de hasta el 50% de su deuda y un plazo de espera para el pago de hasta 5 años. La compañía tiene previsto reestructurar su actividad y vender activos para lo que cuenta con un patrimonio valorado, a cierre de 2007, en 10.805 millones de euros. De esta cantidad, 6.625 millones corresponden a suelo, 3.159 millones a obras en curso, 451 millones a unidades pendientes de venta, 275,5 millones a suelo, 161,5 millones a inmuebles en patrimonio y 133 millones a campos de golf.

El juzgado coruñés se declara, además, competente territorialmente para decretar la suspensión de pagos.