Tres horas de reunión que dieron para mucho. Hasta para abrir la puerta al optimismo entre los empresarios del ladrillo en Galicia, pese a la grave crisis que atraviesa el sector. Constructores y promotores se vieron ayer cara a cara con el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y los conselleiros de Economía, Vivenda, Traballo y Política Territorial, para buscar salidas a la situación y pactar medidas que frenen la desaceleración en la edificación y la venta de inmuebles. Todos de acuerdo en que el panorama aquí es muy diferente al del resto de España, que la actividad tiene recorrido y que detrás de la caída en la compra de pisos está el temor del consumidor y no la incapacidad para adquirirlos. Por eso, por la viabilidad del negocio, la Xunta se ha comprometido a hacer una campaña entre las entidades financieras, especialmente las que tienen su sede fuera de la comunidad, que permita garantizar financiación a las compañías.
El Gobierno gallego actuará como mediador ante cajas y bancos. "Eso, eso nos importa mucho", destacaba tras el encuentro el presidente de los promotores gallegos, Javier Garrido. Les importa porque están en juego las cuentas de las empresas. "De alguna manera -continúa Garrido- concienciar de paso a la gente, a la demanda que hay latente, de la posibilidad de comprar y quitar de la cabeza la idea de un sector especulativo". De ahí también que el sector valore la intención del bipartito de agilizar los trámites para convertir en protegida vivienda que se construyó como libre, lo que permitiría dar salida a muchos de los pisos que se acumulan sin vender. Pensando también en los inmuebles de promoción pública, la Consellería de Vivenda estudiará modificaciones en el registro de demandantes. Las patronales de la promoción y la construcción quieren que haya un "equilibrio" entre la oferta y las posibilidades reales de negocio y que eso no choque con los porcentajes obligados que marcan el plan sectorial de vivienda y los planeamientos urbanísticos de cada concello.
En la normativa de la que depende la construcción está una de las grandes preocupaciones del sector. Ante la inmediata publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de las directrices para la ordenación del territorio, los empresarios quieren "la mayor claridad posible". "Preferimos -dice el máximo responsable de los promotores de la comunidad- que nos perjudiquen siendo claros que con demasiado margen de interpretación porque eso es lo que retrasa la tramitación de los proyectos".
Aprovechando la ocasión y el "clima de entendimiento", los promotores reiteraron su demanda de que se flexibilicen las Normas do Hábitat y que no se apliquen en terrenos urbanos consolidados y zonas de rehabilitación. Una posibilidad que, según la titular de Vivenda, ya existe. Táboas les recordó la necesidad de que los ayuntamientos soliciten que estas áreas sean declaradas como tales. En el desarrollo de la polémica normativa, los constructores entrarán a formar parte del consello asesor que se encarga de analizar aquellos puntos en los que pueden darse diferentes interpretaciones.
A partir de septiembre, además, habrá un organismo que se encargará en exclusiva de vigilar el día a día del sector inmobiliario en la comunidad. Xunta y patronales acordaron crear el Observatorio de la Construcción, "un instrumento estable", según la Administración autonómica, "para hacer un seguimiento de la situación" y adelantarse así a cualquier altibajo que aparezca.
Obra pública
Como ya había anunciado, el presidente gallego se comprometió con los constructores a seguir sacando obra pública para incentivar la actividad. Hasta el 22 de julio se licitaron en Galicia obras por valor de 775 millones de euros y el objetivo es llegar a final de año a los 1.500 millones. Los trámites para los concursos serán más sencillos, más ágiles, y se "impulsará el apoyo" a las empresas menos poderosas, las de pequeño y mediano tamaño.
El Gobierno de la comunidad avisa de que estará muy atento a una de las grandes reivindicaciones de las empresas constructoras gallegas, las conocidas como "bajas temerarias". Son propuestas que acuden a la puja por proyectos públicos con ofertas muy bajas, que bajan la media, dejan fuera, aseguran desde el sector, a "los proyectos realistas" y que luego, durante las obras, se ven obligados a revisar el presupuesto, siempre al alza.
