El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha propuesto hoy la cesión del 50 por ciento del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales a las comunidades autónomas, y ha insistido en que ninguna autonomía perderá financiación con el nuevo modelo.
Solbes, ha hecho este anuncio durante la presentación de las bases para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que será presentado a las autonomías el próximo martes día 22 en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El vicepresidente económico ha asegurado que el nuevo sistema mejorará la capacidad fiscal de los territorios y que las autonomías podrán recibir recursos adicionales por los criterios de la población y el suelo.
Solbes ha destacado que lo que hoy se ha presentado son unas "líneas básicas" de financiación, por lo que a partir del día 22 se abrirá la negociación del nuevo sistema, que espera que concluya en el último trimestre del año, para poder empezar a aplicarlo en 2009.
En su opinión, recoge las previsiones de los nuevos Estatutos de Autonomía y se ajusta a los calendarios, por lo que la voluntad es garantizar una financiación suficiente para todas las competencias transferidas y asegurar una igual cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos, independientemente de donde vivan.
Solbes ha destacado que en los últimos meses, ha mantenido una ronda de contactos bilaterales con las distintas comunidades, en las que se ha identificado una serie de características comunes que deberían servir para alcanzar un acuerdo.
La propuesta contiene diez principios básicos: la suficiencia global, que el sistema garantizará la financiación de todas las competencias transferidas, así como la financiación de los servicios públicos fundamentales, especialmente de la educación, sanidad y servicios sociales.
Solbes ha reconocido que a lo largo de la negociación habrá que definir que competencias se incluyen en servicios básicos.
Prevé el envío de recursos adicionales para reforzar el estado del bienestar en función de las disponibilidades presupuestarias del Gobierno, lo que servirá para mejorar la capacidad de financiación de las autonomías.
Este reparto se hará en función de la población actual de las comunidades, así como de la evolución experimentada en los últimos años.
Solbes ha precisado que no está decidido "cómo se lleva la población de 1999 -año base del actual sistema- a la de ahora" para financiar los servicios de los ciudadanos.
La reforma prevé que ninguna comunidad pierda con el nuevo sistema, para lo que el modelo incorporará mecanismos de revisión anual automáticos para adaptarse a las nuevas necesidades.
También habrá revisión quinquenal de los elementos estructurales del sistema, así como del esfuerzo fiscal de las autonomías.
Respecto a las variables, prima la población y el suelo, aunque otras como la lejanía, la inmigración o la dispersión, podrían ser tenidas en cuenta si se logra un acuerdo en las negociaciones.
Además del incremento de la cesión de los impuestos ya mencionados, Solbes ha apuntado que la reforma incrementará la capacidad normativa de las comunidades y se ampliará la participación y colaboración tributarias en el marco de una mayor coordinación con la Administración General del Estado.
Asimismo, las bases apuestan por la lealtad institucional, y tendrán en cuenta la eliminación del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio.
Por último, se alude a la cesión de competencias en materia de revisión económico administrativa, a la mejora de la gestión financiera del sistema, y a la adaptación del modelo de financiación a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
