Martinsa-Fadesa presentó ayer ante la autoridad laboral un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 234 empleados, la cuarta parte (el 26,5%) de la plantilla de 880 trabajadores con que actualmente cuenta la empresa, informaron en fuentes de CC OO y UGT. El expediente afectará a 72 de los 200 trabajadores que desarrollan su labor en Galicia, donde tiene la sede social. Esta cifra representa el 30% de los que prescindirá en total la inmobiliaria, 234, la cuarta parte de la plantilla de 880.
Por su parte, fuentes de Martinsa-Fadesa precisaron que esta cifra de 72 empleados sale de "sumar los 60 máximos a los que se había comprometido con la Xunta" y "12 empleados que cesan en su relación laboral con la empresa por terminarse las obras en las que trabajaban".
La inmobiliaria explicó que a estos últimos se les incluye en el ERE "para mejorarles las compensaciones" a las que tendría derecho, aunque no cuantificaron cuáles serán". "Ahora comienzan las negociaciones, hoy (por ayer) se trataba de exponer por territorios los afectados por el expediente de regulación de empleo", apuntó la firma.
Los responsables de Recursos Humanos de la inmobiliaria que controla y preside Fernando Martín cuantificaron a los representantes de los trabajadores la dimensión del ajuste de plantilla previsto en la empresa para adaptarla a las nuevas condiciones del mercado en una reunión celebrada en la mañana de ayer en Madrid.
Martinsa-Fadesa trabajaba en este ajuste desde hace meses, pero finalmente su concreción coincide en la misma jornada en que la inmobiliaria ha presentado concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos).
La suspensión se acordó el lunes en la reunión del consejo de la inmobiliaria, después de que la empresa constatara sus "graves" dificultades de liquidez ante la imposibilidad de obtener un crédito de 150 millones de euros. La inmobiliaria necesitaba este préstamo para cumplir las condiciones del contrato de refinanciación suscrito en mayo.
Martinsa-Fadesa soporta actualmente una deuda de unos 5.100 millones de euros, pero asegura contar con un patrimonio inmobiliario valorado en unos 10.800 millones de euros.
La compañía no concretó el reparto territorial de los trabajadores afectados, extremo que será aclarado en reuniones que tendrán lugar la próxima semana. Sin embargo, sí que se puso sobre la mesa la retribución de los trabajadores afectados, que consistiría en 25 días por año trabajado.
El portavoz de la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT), Rafa Cañas, señaló que esta oferta fue rechazada por los sindicatos, al considerarla "absolutamente insuficiente", por lo que se remitieron a futuras reuniones con la dirección, que de momento se han fijado para el lunes y el miércoles de la semana próxima.
En este sentido, los representantes de MCA-UGT y de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC OO exigieron a la dirección de la empresa un plan de viabilidad que garantice el futuro de la compañía a "medio y largo plazo".
