X. A. Taboada / Santiago

Xunta, empresarios y los sindicatos UGT y CC OO firmaron ayer en Santiago el llamado Acuerdo por la Competitividad 2008-2011 que, con una inversión prevista de 7.866 millones de euros y la ejecución de casi 300 medidas -la mayoría recogidas en otras actuaciones programadas del Gobierno gallego- pretende diseñar un nuevo modelo económico en la comunidad y servir de "dique de contención" a las "turbulencias" de la economía mundial. Este pacto se lleva negociando casi tres años, pero se ha refrendado, como todos los actores advirtieron, en un escenario de "serias dificultades económicas". La CIG, como tampoco hizo con el anterior acuerdo firmado de febrero de 2005 sobre el empleo, no participa en este proceso de concertación social.

Los objetivos generales que buscan Xunta, patronal y sindicato son los de mejorar la productividad de Galicia y aumentar la competitividad, aprovechando para ello las ventajas comparativas de la comunidad gallega y apostando básicamente por el desarrollo de las infraestructuras, como la construcción de parques empresariales, las autovías interiores o la llevada del AVE en el año 2012 y la conclusión del Eje Atlántico en 2013.

El acto de firma del pacto lo protagonizaron el titular de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, el presidente de la CEG, Antonio Fontenla, los secretarios generales de UGT y CC OO y los conselleiros de Traballo, de Política Territorial, de Economía y de Medio Ambiente. Por parte del BNG sólo acudió el director xeral de Industria en representación de la Consellería de Innovación. Entre el público invitado figuraban empresarios y la cúpula directiva de las dos cajas de ahorro de Galicia.

El pacto incluye cinco ejes de actuación, que son el desarrollo y modernización empresarial (con 1.295 millones de euros); la demografía, mercado de trabajo y capital humano (1.232); el I+D+i y sociedad de la información (1.013); las redes de transporte e infraestructuras energéticas (1.958) y medio ambiente y equilibrio territorial (2.368 millones).

Pérez Touriño destacó que se trata de un acuerdo con un horizonte temporal que mira "más allá" de la actual situación económica y que nace con la "extraordinaria fortaleza" que le proporciona la competitividad de la economía gallega, el diálogo social y esta etapa de "dificultades económicas".

Así, resaltó que este "acuerdo histórico" busca, a través de incentivar la economía basada en el conocimiento, fortalecer la cohesión social y potenciar el crecimiento equilibrado y sostenible, "reconvertir la desaceleración económica en una ventaja competitiva".

Senda sin la UE

El presidente de la CEG, Antonio Fontenla, consideró que el pacto "prepara" a la comunidad autónoma para "afrontar un punto de inflexión" en su marcha económica y dotarse de garantías para afrontar un camino en el que ya no habrá ayudas económicas de la UE.

En este sentido, para competir con las áreas más dinámicas de Europa, Fontenla cree necesarias nuevas herramientas, como el pacto refrendado ayer, que fomenten la internacionalización de la actividad empresarial, la innovación y las infraestructuras, por lo que es de "máxima prioridad" que se complete la puesta en marcha del tren de alta velocidad "en los plazos previstos".

El secretario general de UGT, José Antonio Gómez, destacó que las medidas adoptadas tratarán de "contrarrestar" las tendencias negativas del sector de la construcción, compensar las restricciones de liquidez de las empresas y paliar la situación de los colectivos sociales más desfavorecidos.

Más crítico se mostró el secretario general de CC OO, Xan María Castro, quien afirmó que el acuerdo debería "haberse suscrito antes". n este contexto de desaceleración, indicó, el pacto se convierte en un instrumento "esperanzador y de referencia".

Entre las casi 300 medidas previstas, se incluyen incentivos a la innovación de las empresas, media doce de leyes, el impulso a la internacionalización de las empresas, el fomento de la natalidad y de los flujos de inmigración, la conciliación de la vida familiar, ayudas para la emancipación de los jóvenes o un tratamiento "especial" de la fiscalidad para las inversiones de I+D+i.