Entre estas concesiones, figura por primera vez la disposición de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán a satisfacer, aunque sólo parcialmente, dos de las principales reivindicaciones de los servicios técnicos del regulador y del juez administrativo que analizó el caso.

Una de ellas, la de restringir el dividendo, aparece recogida en el nuevo argumentario de Iberdrola, aunque de forma suavizada. La eléctrica accede a limitar el flujo de dividendos desde Energy East hasta la matriz española durante un año, y se compromete además a suspender la retribución a los accionistas si se produjese una bajada en los 'rating' de sus bonos.

Junto a esto, y también como concesión a los técnicos de la PSC y al propio juez, Iberdrola está dispuesta en los casos de restricción de dividendo a no transferir ninguno de los bienes materiales de Energy East sin consultarlo con el regulador neoyorquino.

Otra de las principales exigencias de los técnicos podría verse en parte cumplida. Los compradores, dice Iberdrola, cambiarán los estatutos de Energy East para permitir una especie de 'acción de oro' restringida a la hipotética bancarrota de la eléctrica estadounidense o incluso de la española. Eso sí, esta 'acción de oro' sólo podría utilizarse cuando se abran procesos de liquidación.

Además, Iberdrola se ofrece a dar acceso a la Comisión a los libros de Energy East y a la parte de los propios libros de la compañía española relacionada con la operación. También dará acceso a las actas de los consejos de administración de Iberdrola en los que se haya hablado de la adquisición.

Estas 27 condiciones forman parte de la documentación remitida por las partes al regulador para que éste elabore su dictamen final sobre la operación. En sus alegaciones, los técnicos se ratifican en su posición de vetar o de aprobar con condiciones la compra, y califican de "especulativos" los compromisos de Iberdrola de inversión en energía eólica en el Estado de Nueva York.

Los técnicos se muestran además escépticos con las inversiones de cerca de 2.000 millones de dólares (1.300 millones de euros) que Iberdrola realizará en energías renovables en Nueva York en caso de que se apruebe la operación, y llegan incluso a dudar de sus beneficios para la comunidad.

DECISIÓN, EL 3 DE JULIO.

Está previsto que, una vez escuchadas las alegaciones de las partes, el consejo de la PSC tome una decisión final el 3 de julio. Para ello, deberá tener en cuenta la propuesta no vinculante realizada el pasado 17 de junio por el juez administrativo Rafael A. Epstein, quien recomendó que se rechace o que se impongan duras condiciones a la compra de Energy East.

El juez propuso a la Comisión restringir el reparto de dividendos, la imposición de una 'acción de oro' y la obligación de Iberdrola de destinar 646 millones de dólares (415 millones de euros) a los clientes de Energy East en concepto de beneficios a la comunidad, lo que podría mermar en un 8,1% los ingresos de las sociedades NYSEG y RG&E, filiales de la adquirida.

Esta cifra es muy inferior a los 201 millones de dólares (130 millones de euros) que la compañía presidida por Sánchez Galán está dispuesta a aportar, entre los que figuran compromisos de mantenimiento de la plantilla e inversiones de 100 millones de dólares (65 millones de euros) en proyectos renovables en Nueva York.

En todo caso, Iberdrola cuenta con el respaldo de las autoridades políticas del Estado, tanto demócratas como republicanas, para las que los compromisos inversores de la compañía española suponen un argumento decisivo.