Frente a la crisis inmobiliaria, Fernández Ordóñez considera "imprescindible" fomentar el mercado de alquiler de viviendas, y respecto al empleo la moderación de los márgenes empresariales y los salarios resulta, en su opinión, ahora más que nunca fundamental.

"El origen externo del episodio inflacionista al que estamos asistiendo no debe llevarnos, sin embargo, a considerar esta evolución como algo fuera del ámbito de influencia de las autoridades y de los agentes sociales", precisó el gobernador durante su comparecencia cuatrimestral ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso.

Fernández Ordóñez asegura que "los intentos de eludir las pérdidas de renta real que el encarecimiento de los precios y costes comporta puede terminar generando mayores tensiones inflacionistas y afectar negativamente a la creación de empleo".

Por ello, el gobernador del Banco del España volvió a advertir que el mantenimiento de la senda de moderación de los margenes empresariales y los salarios resulta "fundamental" en una coyuntura como la actual, en la que "la competitividad constituye un elemento crucial".

DESALENTANDO EL CONSUMO

Fernández Ordóñez advirtió además de que el incremento del IPC hasta niveles superiores al 4% en los últimos meses, arrastrado por el encarecimiento del petróleo y otras materias primas, está "desalentando el consumo" y "mermando su confianza".

Respecto al crecimiento de la economía, Fernández Ordóñez vaticinó "una etapa de moderación" Con todo, Fernández Ordóñez consideró que el saneamiento de las cuentas públicas "ha permitido que se pueda afrontar la desaceleración de la actividad desde una posición en la que los estabilizadores automáticos pueden desplegar su potencial anticíclico". En este contexto, Fernández Ordóñez advirtió que deben evitarse "la aplicación de políticas discrecionales que puedan agotar el margen de maniobra al que podría ser necesario recurrir".

Frente a la crisis inmobiliaria, el gobernador ha considerado "imprescindible" fomentar el mercado de alquiler de viviendas, con medidas como el incremento de la seguridad jurídica de los arrendadores o la eliminación de las "restricciones" en la duración de los contratos, que actualmente está fijada en cinco años, y a pesar de que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha rechazado ya esta propuesta.