11 de junio de 2008
11.06.2008

La UE aprueba la semana laboral de 65 horas con la abstención de España

11.06.2008 | 10:26

También se abstuvieron Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría, y presentaron reservas Portugal y Malta

Los ministros de Empleo de la Unión Europea aprobaron ayer por mayoría cualificada tras un maratón negociador de más de 12 horas la nueva directiva de tiempo de trabajo, que permite ampliar la jornada laboral máxima a 65 horas semanales, tal y como exigían los países partidarios de una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, encabezados por Reino Unido. España se abstuvo por considerar que esta norma supone un "retroceso en los derechos sociales", según dijo la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo.

Junto con España se abstuvieron también Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría. Los cinco países presentaron una declaración conjunta en la que piden a la Eurocámara que mejore la norma durante su tramitación posterior. También presentaron reservas Portugal y Malta. En cambio, Italia y Francia, que en anteriores debates se habían situado en el bando de España, dieron su visto bueno al texto.

La ministra eslovena de Trabajo y presidenta de turno del Consejo, Marjeta Cotman, aseguró que el acuerdo alcanzado "ofrece protección para los trabajadores y trabajadoras y flexibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo".

Los Veintisiete deberán llegar ahora a un acuerdo en segunda lectura con el Parlamento Europeo, que tiene poder de decisión en esta materia. En primera lectura, los eurodiputados reclamaron la supresión de todas las excepciones a la jornada laboral de 48 horas semanales en un plazo de 3 años.

La directiva aprobada este martes -al sexto intento y tras cuatro años de negociaciones- establece que, como regla general, la semana de trabajo en la UE debe tener 48 horas como máximo. Sin embargo, se permitirá que, en virtud de acuerdos individuales, empresario y trabajador puedan alargar la jornada laboral hasta 60 horas semanales, calculadas como media durante un periodo de 3 meses, e incluso hasta 65 horas en el caso de guardias médicas. España reclamaba que estas excepciones ('opt-out') a las 48 horas se eliminaran por completo tras un periodo transitorio.

No obstante, se contemplan una serie de salvaguardas para garantizar que los trabajadores aceptan el 'opt-out' voluntariamente y no forzados por temor al despido. El empresario deberá obtener un consentimiento por escrito del trabajador para trabajar más de 48 horas. La validez del consentimiento no podrá ser superior a un año y será renovable. El acuerdo entre empresario y trabajador no podrá firmarse en el momento de la rúbrica del contrato ni durante las cuatro primeras semanas de la relación laboral.

Pero además, se podrán incluso superar las 60 y las 65 horas laborales si hay un acuerdo entre los interlocutores sociales o si así lo establece el convenio colectivo.

Los contratos de menos de 10 semanas de duración no quedan cubiertos por estas disposiciones, y por tanto no tendrán ninguna limitación de horas de trabajo.

Cuatro años después de la entrada en vigor de la norma, el Ejecutivo comunitario deberá elaborar un informe sobre la aplicación de las excepciones a la jornada laboral de 48 horas semanales, que podrá ir acompañado de "propuestas para reducir el exceso de horas trabajadas".

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que dejó la reunión a las cinco de la tarde del lunes por tener que viajar a Ginebra, reclamó a la Eurocámara que "rectifique" esta norma en su segunda lectura por considerar que representa "una regresión en la agenda social". "Me ha sorprendido mucho que se hable de 65 horas laborales a la semana y se diga que además es un avance social. Es algo que a los ciudadanos y a las ciudadanas les va a costar entender y que lógicamente a mi tampoco me satisface", resaltó.

La norma de tiempo de trabajo dedica un apartado específico a la cuestión de las guardias médicas. Los Veintisiete también cerraron por mayoría cualificada y con el apoyo de España un acuerdo sobre una norma comunitaria que fijará las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, que hasta ahora ha estado bloqueada por Reino Unido.

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