La conselleira de Política Territorial, María José Caride, pronosticó hoy que el precio de la vivienda libre se "suavizará" gracias a la Ley de Medidas Urgentes en materia de suelo y vivienda, aprobada hoy en el Parlamento gallego por los grupos que sustentan el Gobierno --PSdeG y BNG--, mientras que el PP votó en contra porque, en su opinión, introduce la "arbitrariedad" en este ámbito.
En su intervención en Pleno, Caride destacó que la normativa es fruto de la "colaboración fiel, constructiva y leal" entre este departamento y la Consellería de Vivenda, gobernada por el BNG, y arremetió contra el modelo anterior del PP, que demostró "la ineficacia del liberalismo" y supuso "un incremento de los precios del 144 por ciento en los últimos 10 años".
Frente a esto, la conselleira garantizó que esta ley servirá para avanzar en la "cohesión social" y superar los "obstáculos" para construir vivienda protegida que supone la actual normativa. Para Caride, esta modificación legislativa es un "paso adelante" de cara a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
Por contra, la diputada del PP Pilar Rojo opinó que no servirá para conseguir este objetivo y consideró que la aprobación de estas medidas urgentes "carece de sentido tres años después del cambio de Gobierno". De hecho, alertó de que esta modificación, que tildó de "intervencionista" y de "hecha de espaldas a los ayuntamientos", "desvirtúa" la actual normativa.
En la misma línea, equiparó esta ley a otros proyectos aprobados por los socios de la Xunta, como la Ley de Medidas Urgentes de Protección del Litoral o las Normas do Hábitat, para concluir que el bipartito está colocando a Galicia en una "inseguridad jurídica insostenible" provocada por la "dispersión legislativa".
Detalles de la ley
Frente a las acusaciones de la oposición, la conselleira aseguró que esta modificación legislativa permitirá "incrementar el bienestar de los gallegos" y, en concreto, explicó que la ley prevé la creación de una red autonómica de suelos dotacionales para vivienda pública con el fin de favorecer el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos de la población.
También recordó que las reservas de suelo para vivienda protegida se verán incrementadas del 20 al 40 por ciento en los ayuntamiento de más de 20.000 habitantes. Este porcentaje será del 30 por ciento en los municipios de menos de 20.000 habitantes y del 20 si se demuestra que el 30 por ciento "es manifiestamente superior" para la demanda existente. Igualmente, podrán quedar exentos de cualquier porcentaje los de menos de 5.000 habitantes si no hay un mínimo viviendas previstas.
Además, aludió a la capacidad que la normativa otorga a la Xunta para vigilar que los promotores "acompasen" la construcción de vivienda protegida a la de la vivienda libre y garantizó que la ley evita la "segregación" de los ciudadanos según su nivel de renta. Desde el "convencimiento" de que la Xunta facilita el acceso a la vivienda, concluyó que los populares "saber por qué no quieren asumir ese compromiso con Galicia".
Críticas del PP
Previamente, Rojo reprochó el "nulo interés por el consenso" de los miembros del bipartito y les recriminó que hayan rechazado las treinta enmiendas propuestas por el PPdeG, lo que evidencia, a su entender, que el diálogo y el talante del que "alardea" la Xunta no es más que "una careta para ocultar su intolerancia y soberbia".
Además, enmarcó la modificación legislativa en un "intercambio de cromos" de los socios de la Xunta, que, criticó, "colocan sus propios intereses de partido por encima de los intereses de los gallegos". Entre otros aspectos, la diputada popular consideró "inconcebible" que que el nuevo decreto fije la misma obligación de reserva de suelo para viviendas en todos los ayuntamientos en función de su población, y con independencia de la demanda de vivienda protegida.
También rechazó que esta modificación legislativa se haga a través de medidas urgentes y, frente a eso, abogó por "coger el toro por los cuernos" y abordar una reforma completa.
Intervenciones del PSOE y BNG
Por su parte, el diputado del PSdeG Pablo López Vidal defendió el proyecto de la Xunta porque supera la política "errática" del PP en materia de vivienda y suelo y consideró que los populares apuestan por "priorizar el negocio sobre el derecho". De hecho, bromeó al asegurar que las enmiendas de la oposición debieron de ser redactadas por el ex alcalde de Sanxenxo y actual portavoz del PP en Pontevedra, Telmo Martín.
En la misma línea se pronunció la parlamentaria nacionalista Carme Da Silva, que también opinó que el PP defiende "intereses de clase" y atribuyó las enmiendas presentadas por la oposición a la Confederación de Empresarios.
