El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, expresó ayer su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional de "desmontar" la reforma laboral elaborada por el Gobierno del PP en 2002, conocida como el 'decretazo, y consideró que con la medida se lanza el mensaje al Partido Popular de que "hay que respetar la Constitución" y contribuir al diálogo social en aquellas normas que afectan de forma estructural a los derechos de los trabajadores.

Caldera señaló que cuando presentó en nombre del PSOE, entonces partido en la oposición, la denuncia ante el Tribunal Constitucional estaba convencido de que "tenía la razón legal y también la razón moral y social porque no era un reforma que fuera a mejorar la situación laboral". La sentencia tiene "un mensaje de fondo que es fomentar el diálogo social, una fuente extraordinaria de beneficios económicos y sociales", explicó.

n CC OO. El secretario general de CC OO de Andalucía, Francisco Carbonero, afirmó que la sentencia "sienta un precedente para que ningún gobierno haga una reforma laboral sin un sindicato". Además, señaló que el Constitucional "da la razón a las centrales sindicales de CC OO y UGT y respalda las movilizaciones y reivindicaciones" que llevaron a cabo en contra del 'decretazo'.

n UGT. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, aseguró que su sindicato estudia la posibilidad de reclamar ante el Estado algunos de los derechos laborales que "se redujeron" el tiempo en que estuvo en vigor el Real Decreto Ley de la reforma laboral de 2002, llamado "decretazo". Entre estos derechos, Ferrer citó las reducciones en el salario de tramitación de despido, en las prestaciones por desempleo o a las reformas del Fondo de Garantía Social. El sindicato estudiará la forma de reclamar dicha reducción de derechos.