El Gobierno solicitará a Galicia que exima de pagar el Impuesto de Actos Jurídicos y Documentados (AJD) a todas las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Esta medida, que se recoge en el Plan de Vivienda 2005-2008, ya ha sido suscrita por varias comunidades autónomas, aunque Galicia, inmersa en pleno cambio de Gobierno, todavía no ha firmado los convenios pertinentes. El gravamen, cedido íntegramente a la Administración autonómica, deben abonarlo todos los usuarios que escrituren una vivienda y firmen un contrato hipotecario. Este impuesto, que se paga tanto en VPO como en vivienda libre, nada tiene que ver con los honorarios de la notaría o los del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Quien compre una vivienda en Galicia por un importe total de 120.200 euros deberá abonar 1.202 euros por este concepto.

Según una portavoz del Ministerio de Vivienda, lo más probable es que la firma se lleve a cabo a finales del presente mes o ya en septiembre, con lo que también quedaría fijado el cupo de VPO correspondiente a la comunidad.

Doble beneficio

Cada gobierno autonómico tiene capacidad para decidir si aplica esta norma o no aunque, según se aprobó en el Plan de Vivienda, la exención se aplicaría a todo tipo de pisos protegidos. Los gallegos podrán acogerse a esta medida a partir del mes de septiembre, según las estimaciones de Vivienda. Desde el Gobierno se insiste en que la supresión de este impuesto tendría un doble beneficio, puesto que además de eliminar la tasa para el comprador -una medida que ya se aplicaba en los casos de pisos destinados a las rentas más bajas- también se suprimiría para el promotor.