Las empresas retiraron de los montes del distrito el cuádruple de madera quemada que en 2018

La única forma de ayudar a un monte quemado a que pueda regenerarse pasa por retirar la madera quemada y evitar el arrastre de tierras durante las precipitaciones con nuevas plantaciones o con labores de acolchado del suelo. Pero el escaso valor de mercado que tiene la madera quemada, unido a la dificultad para conocer a los propietarios de las fincas ardidas, explica que esa eliminación de ejemplares ardidos se ralentice a veces durante años. El IGE permite consultar el volumen de aprovechamiento en montes y terrrenos de gestión privada según el estado de la madera: quemada, seca, verde o desconocido.

Aún tenemos en la retina los dos grandes incendios del año pasado en tierras dezanas en O Sexo, Agolada, y en O Castro, en Dozón. Ambos se produjeron a mediados de agosto y, entre los dos, arrasaron más de 920 hectáreas. Pero en Deza también pervive el recuerdo de aquel octubre de 2017 que asoló buena parte de la provincia bajo las llamas, y que en Siador se llevó 474 hectáreas de montes y una explotación avícola. Pues bien, el IGE señala que en 2018 las empresas retiraron de los montes privados del distrito forestal 16 un total de 3.923 metros cúbicos de madera quemada, cuatro veces menos que los 12.113 que se extrajeron durante 2025. Podríamos pensar que quizá en ese ejercicio ardiesen menos plantaciones forestales que en 2025, pero lo cierto es que en O Sexo, en marzo de este 2026, la mitad de la madera ardida aún permanecía sobre el terreno.

En todo caso, el comportamiento del distrito forestal 16 (que engloba a los ocho municipios y a Cerdedo, segregado de Cotobade) es diferente al de los otros tres de la provincia. En el de O Condado-A Paradanta tras un 2017 que solo en Ponteareas quemó 1.500 hectáreas, al ejercicio siguiente salieron de sus montes 55.944 metros cúbicos de madera calcinada, mientras que en 2025 la cifra se redujo a casi 19.500. En Vigo-O Baixo Miño ocurre lo mismo: tras el «terrorismo incendiario» de aquel octubre, se retiraron 58.308 metros cúbicos de madera quemada, por encima de los 10.751 del año pasado. Por último, las cifras de Caldas-O Salnés son de 41.803 metros cúbicos en 2018 y de 3.206 en 2025.

Montes públicos

¿Y qué ocurre con los montes de gestión pública? Pues que en 2025 no se retiró madera quemada en ninguno de los cuatro distritos forestales de la provincia. Tampoco ocurrió en 2018 en el de Deza-Tabeirós, pero sí en O Condado-A Paradanta, con 27.195 metros cúbicos, así como en el de Vigo-Baixo Miño, con 30.230, y en el de Caldas-O Salnés, con 6.974.

Sobra decir que desde hace años el cambio climático extrema las estaciones, de modo que los veranos son más largos y secos mientras en invierno las lluvias se concentran en episodios muy intensos. Pero esos veranos de elevadas temperaturas no son la explicación de los fuegos forestales. La web www.civio.es permite consultar un mapa de los incendios intencionados que tuvieron lugar en España entre los años 1983 y 2021. Deja claro que los fuegos forestales producidos por fenómenos meteorológicos como tormentas son casi anecdóticos. Y en los fuegos que provoca la acción humana (por negligencias o fallos de la maquinaria, por quemas incontroladas o no permitidas o por incendios causados de forma intencionada) no suele estar detrás un supuesto interés por la recalificación del suelo. Esa web indica que «solo el 0,56% de los fuegos intencionados sirvieron pra modificar el uso del suelo». Registró, en esta categoría, 741 fuegos que arrasaron casi 3.000 hectáreas, el 0,1% de toda la supericie ardida en esos casi 40 años.

Mitos

Es más, para evitar que se plante fuego para una recalificación del suelo, la Ley de Montes de 2003 no permite recalificar ningún terreno quemado durante los 30 años posteriores a ese fuego, a no ser que existan «razones imperiosas de interés público de primer orden». Esta excepción se introdujo en 2015 y exige que el proyecto cuente con la declaración de utilidad pública y ocupe suelos cuya recalificación ya estuviera prevista con anterioridad al incendio. Esta misma norma también desmonta otro bulo: el de que se queman los montes para poder instalar parques eólicos y otras productoras de renovables. Tanto los aerogeneradores como las placas solares pueden instalarse en suelo rústico o forestal sin tener que cambiar su catalogación.

No obstante, dentro de ese listado de incendios que buscaban una recalificación del suelo, en la web que les menciono figura un fuego en Rodeiro, el 10 de abril de 2011 y que fue sofocado a las cuatro horas. Su extinción costó 2.169 euros. Hubo fuegos con la misma intención en Arbo en 2010 (afectó a 2 hectáreas), en O Porriño en 2005 (1 hectárea) y, más lejos geográficamente, en Casar de Palomero, en Cáceres, con 21 hectáreas.

Los datos de Civio indican que entre los años 1968 y 2023 hubo en España 641.751 incendios, que se tradujeron en 8,17 millones de hectáreas. Los años más críticos fueron el de 1989 por su volumen de incendios con más una hectárea ardida, 15.922, y el de 1985 pero por su superficie total quemada, que roza las 483.900. Destaca el triste protagonismo de la comunidad gallega en incendios forestales. Si nos ceñimos al periodo de entre 1983 y 2021, las cuatro provincias padecieron 82.230 fuegos forestales, que afectaron a 1,22 millones de hectáreas. Es una superficie más grande que el País Vasco. Además, de los 100 municipios más torturados por las llamas, 69 de ellos se ubican en Galicia, y buena parte en la provincia de Ourense.

Gastos en extinción

La web Civio toma la información de incendios del Ministerio de Agricultura. Critica que los datos que ofrece el gobierno estatal sobre el coste de extinción son incompletos, pero estima que apagar los fuegos de casi 38 años (entre 1983 y 2021) costó al erario público 2.475 millones de euros.

El mapa que permite consultar nos deja rastrear el gasto en algunos incendios del distrito forestal. Así, por ejemplo, el 23 de septiembre de 1989 ardieron 305 hectáreas en Dozón. Los medios desplazados, 39 personas y seis vehículos terrestres, tardaron casi dos días en extinguir las llamas. Esto costó más de 18.300 euros. Años después, en Agolada, el 2 de mayo de 1997 un fuego calcinó 35 hectáreas, tras un descuido de agricultores que querías elominar matorral. Hubo que desplazar a 34 personas y 16 medios terrrestres. A las 5 horas estaba apagado, con un gasto de 10.600 euros. Pero las pérdidas económicas fueron muy superiores, por encima de los 103.000.

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