Silleda, entre los 34 concellos de Galicia con el mejor control interno de las cuentas, contratos y convenios municipales

El Consello de Contas acaba de difundir un estudio, el Informe de fiscalización das obrigas de remisión de información das entidades locais de Galicia e avaliación do entorno de control, que valora la información remitida por ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y consorcios entre los años 2021 y 2023.

En esos tres años, Rodeiro no envió al Consello de Contas la relación anual de contratos y convenios. La normativa marca que, hasta febrero del año siguiente, hay que remitir a este órgano la relación anual de todos los contratos superiores a 5.000 euros. Pero además, en los 3 meses siguientes a su formalización, es preciso enviar una copia de todos los contratos con un valor superior a los 600.000 euros, los contratos de suministros que rebasen los 450.000 y los servicios y contratos administrativos por encima de los 150.000. Los tiempos son similares para los convenios: las entidades locales pueden enviar toda la relación de convenios de un año hasta febrero del ejercicio siguiente, pero los que suponen un compromiso económico superior a 600.000 euros deben darse a conocer al Consello de Contas en 3 meses.

Pues bien, los municipios de entre 20.001 y 50.000 habitantes, un tramo al que pertenecen Lalín y A Estrada, son los que muestran la tasa más elevada de remisión de estos documentos. Pero, de forma generalizada, a casi todas las entidades locales les cuesta cumplir con esos 3 meses de plazo para determinada información: en 2021 la media no era de 90 días, sino de 148, y en 2022 alcanzó los 297 días. Y, según el informe, los municipios con menos de 5.000 habitantes (es el caso de Agolada, Dozón y Forcarei) son los que más cumplen a la hora de remitir los convenios que firman con la Diputación, la Xunta o el Estado para poder financiar sus obras. ¿Por qué? Porque firman bastantes menos acuerdos que concellos más grandes como Silleda o Lalín.

Trasdeza es, de los ocho municipios de la zona, el que mejor cumple sus deberes con estos requisitos del Consello de Contas. Figura en un listado de 34 entidades locales de Galicia con un control interno alto sobre sus finanzas porque dispone de un plan de control financiero activo y realiza auditorías. Es lo que el Consello de Contas denomina un «control real e efectivo» de las arcas municipales, y el hecho de que existan reparos de Intervención contra gastos o facturas demuestra «que o Interventor fai a súa función», en este o en cualquier otro municipio.

En el resto de municipios, tanto Lalín como Vila de Cruces, A Estrada, Dozón y Agolada tienen un nivel bajo en el control interno de su economía. Es el perfil más común de las entidades locales, con hasta 178 ayuntamientos y mancomunidades dentro de esta categoría. Los datos de 2023 que permite consultar este estudio indican que ninguno de estos cuatro municipios dispone de un plan de control financiero, que tampoco realizan auditorías internas y que no disponen de los medios suficientes para poder mejorar esa autoevaluación. Al carecer de un plan financiero, estos cuatro municipios y los que se encuentren en una situación similar pueden llegar a acuerdos contrarios a los reparos que formula Intervención en, por ejemplo, recomendar que se licite un contrato para evitar el pago de facturas a empresas externas. Esos acuerdos permiten pagar dichas facturas, sí, pero suelen acabar provocando que se retire dinero de otras partidas económicas del presupuesto para poder satisfacerlas.

Consorcio y mancomunidad

Más preocupante es la situación de Forcarei y Dozón. Forcarei tienen un nivel crítico de control interno de sus cuentas, igual que otros municipios de Pontevedra como A Lama o Mondariz. Carece de ese plan de control financiero y es frecuente que emita expedientes de contratación con omisión de fiscalización, es decir, sin el informe pertinente de Intervención, y que suele presentarse a posteriori para aclarar si el expediente es legal o no. Para el Consello de Contas, los municipios con ese nivel crítico de control tienen un problema estructural. En cuanto a Dozón, su remisión de datos muestra un «control aparente», que en realidad se traduce como un riesgo oculto porque, además de carecer de ese plan de financiación no remitió ningún tipo de la siguiente documentación: acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisiones de fiscalización, y anomalías en materias de ingresos. En la práctica, esto demuestra que el concello o mancomunidad en cuestión ejerce un control inexistente sobre su economía.

En cuanto al Consorcio contra Incendios, se encuentra en un nivel medio: dispone de un proyecto financiero y de medios suficientes, aunque no realice auditorías. La Mancomunidade Terras do Deza está como la mayoría de los municipios, en un nivel bajo. En esos casos, el Consello de Contas aconseja a las entidades compartir Interventor para conocer la realidad de sus cuentas.

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