Silleda amortizará otros 500.000 euros de deuda y recurrirá a crédito si la Xunta financia la piscina

El pleno ordinario de Silleda aprobó por unanimidad la amortización anticipada de otros 500.000 euros de deuda municipal, tras una moción del BNG que planteaba destinar a este fin un millón de euros procedente de los remanentes, cifrados actualmente en 1.045.000 euros. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, aclaró que 500.000 euros ya habían sido aprobados en el pleno anterior, también por unanimidad, y que se encuentran actualmente en tramitación, por lo que el gobierno presentó una enmienda para limitar el nuevo acuerdo al medio millón restante.

La regidora explicó que esos otros 500.000 euros permanecían reservados para el cofinanciamento de la futura piscina municipal, una actuación que el Concello considera estratégica y para la que solicitó una subvención con cargo al Fondo Adicional del Fondo de Cooperación Local de la Xunta. La propuesta aprobada incluye también el compromiso unánime de la corporación de recurrir a una nueva operación de crédito si finalmente la administración autonómica concede la ayuda y resulta necesario garantizar la aportación municipal. Con este acuerdo, el Concello busca compatibilizar la reducción de deuda con la posibilidad de mantener viva la planificación de una infraestructura que el gobierno local sitúa entre sus prioridades de mandato.

La moción sobre amortización se debatió en una sesión que arrancó con una declaración institucional y un minuto de silencio en apoyo a Venezuela, tras los terremotos sufridos en junio, y en la que el único punto incluido inicialmente en el orden del día era la aprobación de los festivos locales de 2027. La propuesta salió adelante también por unanimidad y fija como días no laborables el viernes 9 de julio, coincidiendo con la Festa do Lacón, y el lunes 23 de agosto, posterior a la Festa da Empanada de A Bandeira, en línea con la consulta popular de 2024.

Durante el debate, los grupos de la oposición cuestionaron que el pleno ordinario incluyese un solo asunto «despois de dous meses». «A orde do día reflicte o traballo», apostilló el portavoz del PP, Ignacio Maril, que insistió en reclamar unos presupuestos municipales. Idéntica crítica formuló la concejala del BNG, Erea Rey, que ironizó: «Xa podemos dar por finalizado o pleno». La alcaldesa, que reiteró que no habrá presupuesto este año, respondió que el Concello cuenta con tres órganos de funcionamiento diferenciados —Alcaldía, junta de gobierno local y pleno— y que el expediente de los festivos era el único que requería aprobación plenaria. «A falta de respecto á cidadanía sería non celebrar o pleno ordinario cando corresponde», replicó, para defender que el trabajo del gobierno «non se mide polo número de puntos da orde do día», sino por la actividad administrativa y la gestión diaria.

En ese contexto, la regidora enumeró expedientes tramitados desde el pleno de mayo: licitaciones y contrataciones por 943.800 euros, catorce contratos menores o siete solicitudes de subvención por 1.473.869,31 euros, entre ellas la relativa a la futura piscina. Insistió en que estos expedientes suponen «centos de horas de traballo administrativo» por parte del gobierno y del personal municipal, y reprochó a la oposición que pretenda condicionar desde fuera las competencias que corresponden a la Alcaldía y a la junta de gobierno local. «Presume do que ten que facer, para iso cobra 50.000 euros», contestó Rey, que reprochó a Pena «falta de cultura democrática» y le lanzó una advertencia: «A ver a quen lle dan a lexitimidade os veciños o ano que vén». «O único que recibín de vostedes foron mordiscos na man que lles tendín», le espetó la alcaldesa, que presumió de «autocrítica».

La sesión incluyó una segunda moción del BNG, aprobada gracias al Partido Popular, sobre la posible adquisición de un solar en la calle María Colmeiro para destinarlo a aparcamiento. Aun compartiendo la necesidad de seguir mejorando la movilidad y la seguridad viaria en la zona, el ejecutivo se abstuvo al considerar que la propuesta no resulta viable en los términos planteados y no estar recogida en el PXOM, como sí lo está la «gran praza», por ejemplo. Pena explicó que la propiedad rechazó en varias ocasiones una cesión gratuita y que una compra directa exigiría acreditar plenamente el interés público y la inexistencia de alternativas similares. También recordó que el Concello consiguió en los últimos años la cesión gratuita de 15 parcelas entre Silleda y A Bandeira para aparcamientos, zonas verdes y equipamientos.