El PSOE denunciará al gobierno local ante la Valedora do Pobo

El PSOE de Forcarei anunció que presentará una queja ante la Valedora do Pobo y que estudiará emprender acciones judiciales al considerar que el gobierno local incumplió la Ley de Administración Local de Galicia durante la tramitación de la Conta Xeral de 2025. Concretamente, los socialistas sostienen que la Comisión Especial de Contas fue convocada sin respetar el plazo mínimo de 15 días que, según indican, establece la normativa para que sus miembros puedan examinar la documentación que será tratada y debatida durante la reunión.

En un comunicado, el grupo municipal explica que antes de la celebración de la comisión presentó un escrito por registro advirtiendo de esta posible irregularidad y solicitando la anulación de la convocatoria para repetir el procedimiento conforme a la ley. Sin embargo, asegura que ni la alcaldesa, Belén Cachafeiro, ni la Secretaría municipal respondieron a su petición y que la comisión se celebró igualmente.

El PSOE cita el artículo 212 de la Ley de Administración Local de Galicia, que, según señala, obliga a poner las cuentas y la documentación complementaria a disposición de los integrantes de la Comisión Especial de Cuentas con al menos 15 días de antelación. Asimismo, anuncia que solicitará por registro un informe de la secretaria-interventora municipal sobre la aplicación de este precepto.

Los socialistas consideran que el procedimiento podría vulnerar el derecho de participación política de la oposición y avanzan que presentarán alegaciones a la Cuenta General de 2025 solicitando la nulidad del procedimiento por entender que se incumplió un requisito esencial previsto en la normativa autonómica. Además, confirman que acudirán a la Valedora do Pobo y que valorarán la adopción de otras acciones legales.

En la nota, el PSOE también critica la respuesta ofrecida por la alcaldesa en las redes sociales, al considerar que no responde a las cuestiones planteadas por la oposición. Asimismo, cuestiona una publicación en la que, según afirma, se remitía a una página del BOE a la que no era posible acceder. El grupo concluye asegurando que seguirá defendiendo «la legalidad, la transparencia y el derecho de la oposición a ejercer su función de control».