Educación garantiza la atención a la diversidad en centros escolares de Lalín

El Parlamento de Galicia se convirtió este viernes en escenario de un tenso debate político y social en torno a la gestión de la educación inclusiva en la comunidad autónoma. La situación de los dos centros escolares de Lalín, concretamente el CEIP Vicente Arias de la Maza y el CEIP Varela Buxán, centró una sesión en la Comisión Cuarta de Educación. Mientras la Xunta defendió su planificación y anunció un plan de refuerzo autonómico, la oposición y las familias afectadas denunciaron recortes de personal sobre el terreno.

Por un lado, el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, lanzó un mensaje de tranquilidad institucional. El representante del Gobierno gallego garantizó que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP aportará recursos para atender la diversidad en Lalín y toda Galicia. Álvarez insistió en que el Ejecutivo actúa con «responsabilidade e planificación», evaluando cada año cada colegio en función de las necesidades reales acreditadas. Indicó que este criterio ya se aplicó el pasado curso y se volverá a repetir siguiendo las normativas vigentes. Como argumento de futuro, el director xeral destacó la puesta en marcha del Plan para el impulso de la atención a la diversidad. Esta medida supondrá la contratación y consolidación de 400 plazas de especialistas de apoyo a partir del próximo curso. El desglose incluye la incorporación de 200 nuevos profesionales de Pedagoxía Terapéutica (100 el próximo curso y otros 100 en el periodo 2027-2028), la estabilización de 150 puestos de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe en Primaria, y el refuerzo de Orientación con 50 especialistas. Recordó además mejoras globales como la reducción de ratios en la etapa de Educación Infantil.

Debate

Una realidad diferente se vivió en una sala anexa del Parlamento. Allí, familias de Lalín afectadas por la falta de cuidadores siguieron el debate con impotencia. La diputada del BNG, Ariadna Fernández, interpeló directamente al director xeral por la pérdida de personal asistencial que sufren los centros de la comarca desde el mes de febrero. Fernández acusó a la Xunta de Galicia de vulnerar los derechos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de discriminar a estos estudiantes, sobrecargando al profesorado. La parlamentaria nacionalista afeó la postura del Partido Popular, cuyos representantes en Lalín y A Estrada apoyaron mociones locales para recuperar cuidadores, mientras la Xunta niega estos recortes en Santiago. Para mostrar el apoyo social, exhibió imágenes de las movilizaciones de Lalín, Vila de Cruces y A Estrada, exigiendo la restitución de servicios. Aunque el director xeral reiteró su disposición al diálogo, el encuentro directo con las familias al término de la comisión parlamentaria no llegó a producirse, evidenciando la distancia entre el discurso institucional y la realidad que viven todos los afectados en Deza-Tabeirós.