Tribunales
La Fiscalía pide 12 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor en Deza
El Ministerio Fiscal reclama una indemnización de 12.000 euros para la víctima y el abono de los gastos sanitarios
El juicio se celebrará el próximo 25 de junio en la Audiencia Provincial de Pontevedra y se solicita que sea a puerta cerrada

Fachada de la Audiencia Provincial de Pontevedra. / Rafa Vázquez

La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el 25 de junio, a las 10.15 horas, un juicio por un delito de agresión sexual procedente del Tribunal de Instancia de Lalín. La Fiscalía de Pontevedra solicita para el acusado una pena de 12 años de prisión por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años. Los hechos, según su escrito de calificación, habrían ocurrido en marzo de 2022 en un lugar público del partido judicial.
Asimismo, el Ministerio Público reclama que se imponga al procesado una prohibición de aproximación a menos de 100 metros y de comunicación por cualquier medio con la víctima durante un periodo superior en diez años a la pena de prisión que finalmente se dicte. También pide ocho años de libertad vigilada una vez cumplida la condena privativa de libertad.
La Fiscalía interesa, además, la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cuatro años, así como la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, retribuida o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad, durante 17 años.
En concepto de responsabilidad civil, el escrito fiscal solicita que el acusado indemnice a la víctima con 12.000 euros. También reclama que abone al Sergas la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por los gastos de asistencia sanitaria prestada en el Hospital do Santiago y en la Unidad de Salud Mental dependiente del servicio gallego de salud.
La Fiscalía pide que las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada como medida de protección del derecho a la intimidad de la presunta víctima y de su familia, así como de la integridad psíquica y moral de la menor.
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