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Edificación residencial

Lalín encarga un estudio para promover vivienda protegida municipal

El Concello de Lalín adjudica a DS Green Transition S.L. un estudio de viabilidad por 18.089,50 euros para construir pisos públicos

Una de las últimas edificaciones de viviendas protegidas en Lalín.

Una de las últimas edificaciones de viviendas protegidas en Lalín. / Bernabé/Javier Lalín

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

El Concello de Lalín da un primer paso para estudiar la posible promoción de vivienda protegida municipal. La junta de gobierno local aprobó, por vía de urgencia, la contratación de una asistencia técnica integral para elaborar una memoria-estudio de viabilidad para la construcción de vivienda protegida municipal, una actuación que el propio gobierno local justifica en la necesidad de «abordar el problema de falta de vivienda en Lalín».

El contrato fue adjudicado a la empresa DS Green Transition S.L. por un importe de 18.089,50 euros, IVA incluido. La firma presentó la única oferta económica finalmente válida, después de que una de las empresas invitadas comunicase su renuncia y otra no llegase a presentar propuesta. El plazo máximo de ejecución del trabajo será de un año desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación.

El expediente se tramitó como contrato menor de servicios. La memoria que se encargará deberá servir de base para determinar la viabilidad de una futura promoción municipal de vivienda protegida, aunque el acuerdo no concreta todavía ni la ubicación de los posibles inmuebles, ni el número de viviendas, ni el modelo de acceso que se plantearía. El responsable del contrato será el arquitecto técnico municipal Hervé Fernández Estévez.

La decisión llega en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los asuntos de mayor preocupación social también en las cabeceras comarcales. El acuerdo de la junta de gobierno local abre la fase previa de análisis técnico y económico para estudiar si el Concello puede impulsarla.

Licencia de rehabilitación en el Barrio de Abaixo

La misma sesión de la junta de gobierno local también abordó otros expedientes urbanísticos relacionados con vivienda y conservación de edificaciones. Entre ellos figura la concesión de una licencia de obra para la recuperación de una vivienda unifamiliar existente en el Barrio de Abaixo, con un presupuesto de ejecución material de 113.500 euros y una superficie de 149 metros cuadrados.

El inmueble se sitúa en suelo urbano no consolidado, dentro del ámbito AR-37, una circunstancia que motivó un informe técnico detallado. El documento municipal concluye que, al tratarse de una vivienda ya existente, no es necesario considerar la parcela como solar para permitir las obras de conservación y recuperación. Sostiene que las actuaciones solicitadas son compatibles con la legislación urbanística vigente y que no implican aumento de volumen.

La licencia se concede sobre la base de un proyecto básico, por lo que el inicio de las obras queda condicionado a la presentación del proyecto de ejecución, la comunicación previa urbanística y el resto de documentación técnica exigida.

Orden para asegurar una ruina en Torguedo, Catasós

El órgano gubernamental aprobó, asimismo, una orden de ejecución dirigida a los herederos titulares de una edificación en ruinas situada en Torguedo, en la parroquia de Catasós, tras una denuncia vecinal por problemas de seguridad. Según el informe de la Inspección Municipal de Obras, la construcción presenta peligro por desprendimiento de piedras de los muros sobre la vía pública, carece de mantenimiento, tiene el tejado hundido y muestra grietas y desplomes en muros que alcanzan en algún punto los seis metros de altura.

El Concello ordena a los titulares ejecutar, a su costa, los trabajos necesarios para retirar piedras, vigas y otros elementos susceptibles de desprenderse, así como asegurar el resto de la edificación para evitar riesgos sobre la vía pública o propiedades privadas. El plazo concedido es de un mes. En caso de incumplimiento, el acuerdo advierte de la posibilidad de imponer multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros, reiterables trimestralmente.

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