Los partidos judiciales mantienen su volumen de solicitudes de asistencia jurídica gratuita mientras el turno de oficio continúa sin mejoras económicas

A lo largo de 2024, hubo 333 personas de la comarca de Deza y otras 218 de Tabeirós-Montes que solicitaron asistencia jurídica gratuita. Son, en total, 551 peticiones remitidas al Colexio de Abogados para disponer de letrados y de procurador sin coste, pero también para quedar eximidos de otros gastos como peritaciones, fianzas y tasas judiciales. La asistencia jurídica gratis es un derecho constitucional al que pueden acogerse personas que viven solas y cuyos ingresos anuales se mueven en torno a los 15.000 euros, por debajo del doble del Indice Público de Renta del Efectos Múltiples, el IPREM, que desde 2024 está en los 8.400 euros. Si hablamos de una familia con menos de 4 miembros, accede este servicio si sus ingresos no superan 2,5 veces ese IPREM (hablaríamos de más de 16.000 euros), y si es una familia con cuatro o más integrantes, no podría triplicarlo. Con estas proporciones, «40% da poboación de Galicia ten dereito na actualidade a un avogado de turno de oficio», explica el abogado Victorino Gutiérrez da Silva.

Pese al encarecimiento del coste de la vida, esas 551 solicitudes no han aumentado de forma notable respecto a años anteriores, sino al contrario: en 2017 hubo 588 peticiones (369 en Deza y 210 en Tabeirós-Montes) y en 2011, cuando Cerdedo aún formaba parte de la zona y estábamos aún en la crisis del ladrillo, se registraron 720 (478 y 242). Por partidos judiciales, en el de Lalín, de las 333 solicitudes totales 327 procedían precisamente del municipio lalinense, a las que se sumaron 4 de Vila de Cruces y 2 de Silleda. En el de A Estrada, de las 217 globales, solo una petición se tramitó desde Forcarei.

¿Puede deberse esta contención a la pérdida de población en el interior pontevedrés, a una mejora del poder adquisitivo o al descenso de litigios? La respuesta tiene muchos matices. Vemos que la economía familiar se ha precarizado, aunque suba el salario mínimo, y basta con ver que en 2024 a nivel estatal hubo 1,1 millones de peticiones (un 5% más que en 2023) para disponer de un abogado de oficio, que tuvieron que repartirse entre menos de 40.000 letrados. Puede ser que la población sea menor, pero aumenta la carga de trabajo de los juzgados. Los datos de solicitud de asistencia jurídica gratis pueden consultarse en el IGE, pero en el Consejo General del Poder Judicial podemos consultar, como datos más antiguos, los asuntos resueltos en 2017. Al final de ese ejercicio, los dos partidos judiciales de la zona cerraron el año con 983 asuntos abiertos, tras haber despachado otros 3.590 e ingresaron 3.512 nuevos. Pues bien, al término de 2024 estaban abiertos 1.866 procesos (el doble que en 2017), aunque los cuatro juzgados resolvieron más, 4.992, y también habían incoado más, 5.434.

Gutiérrez da Silva, que también forma parte del turno de oficio, explica que esa carga de trabajo que acumulan los juzgados viene derivada del parón por la crisis del coronavirus, pero también por las huelgas que realizaron jueces y letrados de la administración «que si lograron as súas reivindicacións». No tuvieron la misma suerte los abogados del turno de oficio de Lalín, secundados después por los de A Estrada, Ourense, Ponferrada o Cádiz. Convocaron una huelga en noviembre de 2023 y semanas después se dieron de baja en el listado, para presionar demandas también pendientes desde hace años, como poder cotizar como autónomos sin perder el dinero que ya habían cotizado en su mutua propia, realizar guardias más cortas o recibir retribuciones, en lugar de las indemnizaciones que cobran cada trimestre pero al trimestre siguiente.

De muy poco sirvieron estas medidas, "porque cando nos demos de baixa, volveron darnos a todos de alta no turno de oficio, dicindo que era obrigatorio" y obligando en muchos casos a que un especialista en derecho laboral tuviesen que resolver procesos penales. Sobre la asistencia jurídica gratuita aún perviven muchos tópicos, como esa empatía y caridad del abogado protagonista de la novela 'Matar un ruiseñor' o pensar que la justicia gratis es para pobres, cuando es un derecho para personas y familias vulnerables así como para personas víctimas de violencia de género, sea cual sea su renta.

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