Lentitud de la justicia
¿Funciona el Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias?
Esta medida pretende aligerar la carga de asuntos de los juzgados y está en vigor desde la primavera del año pasado

Juzgados de Lalín. / Cedida

El turno de oficio no dispone de un sindicato, y ni los partidos políticos ni la administración tienen en cuenta que en ocasiones, cuando la guardia era de una semana y solo con dos letrados, "tiñas que estar localizable as 24 horas, e no momento en que había un asunto, dispoñías de 3 horas para personarte. Nunca cobrabas as guardias" mientras un personal de tramitación sí cobra si tiene que trabajar un sábado. Y si el abogado de oficio debe acudir presencialmente y su transporte no está cubierto, el fiscal puede viajar en vehículo oficial o intervenir por videoconferencia. Otro apunte: en una semana, un abogado o abogada de oficio podía enfrentarse a "tres ou catro xuízos rápidos, e 4 ou 5 declaracións por detidos. Case sempre hai unha detención por semana", relata el abogado lalinense, que añade que la mayoría de casos que entran al turno de oficio «non son asuntos fáciles de levar, ao estar vinculados a delincuencia ou a violencia sexista».
En la actualidad, el Consello da Avogacía Galega negocia con la Xunta la actualización de los baremos del turno de oficio. Los baremos son las tablas con las retribuciones económicas en base a cuestiones como el tipo de procedimiento. Otra abogada del turno de oficio, Concepción Colmeiro, apunta que estos baremos se mantendrán sin cambios hasta el remate del tercer trimestre de este año, «e só vai aplicarse a subida do IPC».La propuesta en noviembre del gobierno autonómico era insuficiente para el sector, y que éste reclama además un aumento de los presupuestos para la justicia gratis. Y tiene motivos para hacerlo, porque en procesos como desahucios o divorcios, la sentencia en primera instancia puede demorarse hasta un año y medio, según estima Gutiérrez da Silva, que tiene claro que «estamos defendendo un sistema xusto nun sistema inxusto».
Desde la primavera del año pasado, además, la Ley de Edificiencia del Servicio Público de Justicia activólos Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), que buscan un acuerdo entre los abogados de las partes, o una conciliación, o un arreglo mediante un burofax, incluso la opinión de un experto, para evitar ir a juicio y elevar la carga de trabajo de los juzgados. A ojos de Gutiérrez da Silva, esta medida provoca que «haxa máis carga de xestión nos procuradores, mentres nos obriga aos avogados a negociar nun divorcio ou a acordar se se cortan pólas dunha árbore que entran na casa dun veciño». Y además, se corre el riesgo de "que dediquemos a un asunto un mes ou dous, e despois haxa igual unha demanda", añade Concepción Colmeiro. Y ahora, con este sistema, el cliente sí tiene que pagar el burofax.
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