El gobierno de Lalín defiende su gestión y niega un escenario crítico

El gobierno de Lalín respondió este jueves a las críticas de la oposición sobre la situación económica municipal y defendió que el Concello mantiene una posición «saudable» pese a la aprobación de un Plan Económico Financiero. La primera tenienta de alcalde, Paz Pérez, reprochó a PSOE y BNG «a incongruencia» de cuestionar el recurso al endeudamiento cuando, sostiene, ese dinero se destinó a inversiones que también venían reclamando.

La edila traslada un mensaje de «absoluta tranquilidade» a la vecindad y asegura que los principales indicadores económicos se sitúan dentro de los márgenes legales. Enmarca la aprobación del plan en el incumplimiento de la regla de gasto durante el pasado ejercicio, que vincula al «maior esforzo inversor recente» en materia de saneamientos. Insiste en que se trata de una herramienta prevista por la normativa y no de una situación excepcional ni de un síntoma de descontrol financiero.

Desde el ejecutivo se rechaza así la lectura «alarmista» de la oposición y se niega que exista un escenario de deterioro económico. Pérez dice que el nivel de deuda es «razoable» y alega que el endeudamiento no es negativo por sí mismo cuando se emplea para financiar actuaciones necesarias, en este caso vinculadas a infraestructuras y servicios para el rural. Ese esfuerzo inversor responde, precisamente, a demandas vecinales y a carencias arrastradas desde hace años en distintas parroquias.

El gobierno recuerda que la liquidación de 2025 refleja un superávit de 745.474 euros, más de cuatro millones de euros de remanentes y un ahorro neto de 1,5 millones. También subraya que el Concello cumple, según su versión, con los parámetros exigidos por la normativa en materia de estabilidad financiera, control de la deuda y período medio de pago a proveedores, fijado en 20 días. Con esos datos, sostiene que no puede hablarse de una situación económica comprometida.

La primera teniente de alcalde incide en que el PEF no prevé recortes de servicios ni ajustes económicos, sino que se limita a recoger recomendaciones técnicas de la Intervención municipal. Recuerda que ya en 2016 se aplicó un plan de características similares sin que ello alterase el funcionamiento del Concello ni la prestación de servicios a la ciudadanía.

El ejecutivo también salió al paso de las críticas por el uso del crédito para adelantar inversiones financiadas con fondos europeos y defendió que ese mecanismo responde a un marco normativo estatal que obliga a los ayuntamientos a anticipar recursos propios antes de recibir los importes comprometidos por otras administraciones. El gobierno local enmarca ahí buena parte de las tensiones derivadas de la regla de gasto y considera que los municipios se ven obligados a hacer una compleja planificación financiera para poder ejecutar obras y proyectos. Por ello, sostiene que la situación actual no es excepcional y lamenta una actitud de la oposición que, a su juicio, está más orientada a agravar la controversia política que a aportar soluciones.