El Concello, forzado al control del gasto y a activar un PEF para dos años

El Concello de Lalín estará sujeto a un Plan Económico Financiero (PEF) que se prevé aprobar en el próximo pleno y que se extenderá por esta y la próxima anualidad. Es la consecuencia del incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación contable del ejercicio 2025, cuestión que a tenor de las explicaciones de la teniente de alcalde Paz Pérez, no supondrá un trauma para el funcionamiento de la administración municipal. La también concejala delegada de Facenda aseguró que el ayuntamiento se ve forzado a activar este PEF por extralimitarse en el gasto en actuaciones de saneamientos y obras, que conllevaron la vulneración de la regla de gasto en algo más de tres puntos porcentuales que, en euros, son algo más de un millón.

Pérez insistió en varias ocasiones que este Plan Económico Financiero con vigencia para dos anualidades consiste en «recomendaciones» y que en ningún caso supone que el gobierno local quede maniatado para la gestión pues se trataría de un plan «sin medidas». En todo caso se trata de una herramienta que se activa según los criterios de la normativa estatal cuando en este caso un ayuntamiento incumple alguna regla fiscal, pero su situación financiera es lo suficientemente sólida como para corregir ese desvío sin necesidad de aplicar recortes o ajustes. Pese a que el ejecutivo habla de recomendaciones admite que este escenario les obligará a establecer un «control do gasto» sin mermar la calidad de los servicios a los administrados y se atenderán lo prioritario frente a lo accesorio, reajustando en los capítulos de ingresos y gastos.

Con los números de la liquidación del pasado curso en la mano, Paz Pérez [que compareció en solitario en rueda de prensa] reivindicó la salud financiera del ayuntamiento. En este sentido explicó que las cuentas de 2025 se liquidaron con un remanente de tesorería de 4.099.447 euros o un ahorro neto de 1.503.000 euros. Para los remanentes no se estableció por ahora un destino y el gobierno tendría la ventaja de que la normativa estatal les permitiese una libre disposición de estos fondos. Al tiempo, la teniente de alcalde quiso matizar que no es que existiese un descontrol del gasto púbico pues la recaudación superó en más de 754.000 euros a los gastos. ¿A qué se va dedicar los algo más de un millón de euros de superávit? Por un lado se consignarán casi 119.000 euros para el pago de trabajos de saneamientos, mientras que los 583.400 euros restantes irán para amortización de deuda. En lo que respecta al Período Medio de Pago a Proveedores (PMPP) fue calculado por los técnicos en un promedio de 20 días, es decir, diez jornadas menos de las que fija el tope legislativo para que las administraciones salden sus compromisos con los proveedores. Este indicador no deberá descuidarse ahora bajo la presión del PEF, que ya en sí mismo establece propuestas para el control de gasto. Un asunto que no conviene perder de vista son las posibles advertencias, de nuevo, del departamento de Intervención sobre la necesidad de sacar a concurso suministros o servicios que ya se consideran consolidados.

Pérez lamentó una vez más que las administraciones locales sean en cierto modo maltratadas por la estructura del Estado, en concreto por el Ministerio de Hacienda. Apuntó en esta línea que las reglas fiscales son un corsé infranqueable y que tras ser levantadas entre 2020 y 2023 a consecuencia de la pandemia sanitaria, el Gobierno central volvió a forzar su cumplimiento en 2024. Para la teniente de alcalde sería oportuno que Hacienda no computase aquellas inversiones financieramente sostenibles o que directamente levantase la regla de gasto. Además lanzó una reflexión en este sentido y expuso que si ahora por haberse descuadrado el balance en un millón de euros qué pasaría cuando se activasen los proyectos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDIL). Entiende que en muchas ocasiones parece que los que legislan desconociesen el funcionamiento interno de una administración, en este caso municipal.

«Xa no ano 2016 houbo neste concello un plan económico financieiro e non supuxo un gran atranco nin paralizou a administración e agora estamos falando de recomendacións, que si imos cumplir», manifestó la teniente de alcalde.

Límite legal

Más allá de fórmulas y porcentajes, el ayuntamiento deberá manejarse con una deuda que a día de hoy se sitúa en 7.660.329 euros, pero que se disparará con un nuevo préstamo para materializar los proyectos de los fondos de la estrategia europea concedidos por el ministerio. Ya estaba previsto, tras la concesión de la financiación de la EDIL, que serían precisos en torno a cuatro millones para suplementar los 6,5 millones recibidos y alcanzar los 10 de inversión proyectada. Pues bien, Pérez avanzó que la decisión política pasa por acudir a un préstamo de 4.236.975 euros. Se pedirá la cuantía máxima para completar los fondos de la EDIL, un crédito a quince años con dos de carencia y 13 de amortización. El objetivo pasa por liberar recursos en función de las necesidades y a la espera de las transferencias del Estado para las actuaciones estratégicas que rebasan los citados 10 millones de euros. La concejala de Facenda manifestó que ni con el pasivo actual ni con la deuda bancaria resultante del préstamo el ayuntamiento alcanzará el tope máximo de endeudamiento permitido por ley.

En definitiva, el gobierno es consciente de que deberá gestionar con más criterio, aunque a su juicio los servicios funcionarán con normalidad y se podrán afrontar inversiones de calado, entre ellas las de la Edil. Ese es al menos el mensaje que transmitió ayer.